jueves, 24 de mayo de 2012

Denuncia nacional e internacional del Conamaq:: El gobierno de Bolivia viola otra vez los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) denuncia ante la comunidad nacional e internacional que la violación y vulneración de los Derechos humanos y los derechos Colectivos de nuestras Naciones Originarias y Pueblos Indígenas está degenerando en hechos de violencia e intentos de secuestro de autoridades originarias , de manera específica el caso de Mallku Qhuta.

El Gobierno Boliviano ha entregado y entrega nuestros recursos naturales a empresas transnacionales y lo está haciendo en los términos coloniales en los que el viejo estado republicano lo ha hecho, sin respetar los mandatos de la Constitución Política del Estado y vulnerando nuestro Derecho a la Consulta Previa y Participación.

En la Marka Sacaca del Suyu Charkas Qhara Qhara, Mallku Qhuta, el gobierno nacional hace años atrás ha suscrito un convenio con la empresa transnacional canadiense South American Silver, para la exploración minera. Hoy, esta transnacional minera, en complicidad con la administración del Presidente Juan Evo Morales Ayma, pretende realizar labores de explotación minera sin que se haya producido la migración de contratos conforme mandato constitucional y sin que se haya cumplido previamente el derecho a la consulta y consentimiento libre de nuestros hermanos originarios de Mallku Qhuta.

Denunciamos que ninguna de las decisiones del gobierno nacional ni de las actividades realizadas por la empresa transnacional, han sido de conocimiento de nuestros hermanos originarios de Mallku Qhuta, cuyo derecho a la consulta previa y consentimiento libre han sido vulnerados y que hoy se encuentran ante la posibilidad cierta de ser afectados por pasivos ambientales mineros como consecuencia de la contaminación de sus recursos hídricos y del conjunto de sus recursos naturales renovables.

El problema central de Mallku Qhuta es que el Gobierno Nacional no está cumpliendo los mandatos constitucionales que abren nuevos marcos de consulta y participación sobre la explotación de los Recursos Naturales, ni hace efectiva la visión de desarrollo, a partir de la cual debe generarse un nuevo marco normativo e institucional en la transición constitucional del Estado Republicano al Estado Plurinacional. El marco constitucional vigente y los instrumentos internacionales -que tienen como base y fundamento principal el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y naciones originarias- vinculan las decisiones estatales al resguardo de estos derechos.

Consiguientemente, toda decisión estatal deberá considerar no solamente los lineamientos generales de los derechos de las naciones originarias y pueblos indígenas como principios constitucionales, sino, su visión de desarrollo como elemento central y fundamento de su derecho vigente.

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) denuncia que nuestros hermanos de Mallku Qhuta están sufriendo acciones de amedrentamiento, persecución y violencia física y que la vulneración de nuestros derechos está degenerando en hechos de violencia. La mañana de ayer, la Autoridad Originaria Tata Kuraka Cancio Rojas Colque, Autoridad de la Marka Sacaca, del lugar de Mallku Qhuta, por grupos organizados y vinculados con la empresa transnacional canadiense South American Silver intentaron secuestrar en la ciudad de La Paz, la misma por auxilio y seguridad de su integridad física fue ácido al resguardo de la Policía Nacional ante la posibilidad de tortura y desaparición de nuestros hermanos de Mallku Cota.

En horas de la tarde Cancio Rojas Colque, Autoridad Originaria, junto a otras autoridades de Mallku Qhuta que defienden los intereses colectivos de las comunidades indígenas originarias, termina detenido con mandamiento de aprehensión por la Policía Nacional. Esta acción, de detención y llevar a prisión a una autoridad originaria, es una acción de persecución política que tiene el propósito de descabezar el liderazgo de los pueblos indígenas originarios para acallar la libertad de expresión, y favorecer los intereses de la empresa transnacional Canadiense South American Silver.

Frente a estos hechos, el CONAMAQ denuncia a nivel nacional e internacional en el marco de los derechos constitucionales y normas estatutarias, y pedimos al Presidente Juan Evo Morales Ayma:

Primero.- Cesar con las frecuentes acciones de violación y vulneración de nuestros derechos humanos y colectivos por parte del Gobierno Boliviano.

Segunda.- Rescinda el contrato minero suscrito con la empresa minera transnacional Canadiense South American Silver, para la explotación del Cerro Mallku Qhuta, y se proceda a la consulta previa, libre e informada y de buena fe con nuestros hermanos de Mallku Cota, en el marco de una nueva normativa nacional, a través del tratamiento, aprobación y promulgación de la Ley Marco de Consulta Previa, Informada, de Consentimiento Libre, presentada en junio 2009 por el CONAMAQ.

Tercera.- Dejar en libertad a la Autoridad Originaria, Kuraka Cancio Rojas Colque, de la Marka Sacaca, comunidad Mallku Qota, quien no ha cometido ningún delito penado por ley, más que defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarias y la no contaminación de la madre tierra. Cuya detención es netamente de carácter político.

Cuarta.- Se otorguen garantías a nuestros hermanos de Mallku Qhuta y a sus autoridades originarias, cesen las acciones de hostigamiento y violencia promovidas desde instancias estatales.

Quinto.- Denunciamos al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y alertamos a la Comunidad Internacional y al Pueblo boliviano, que los pueblos indígenas originarias no tenemos las garantías constitucionales. La Policía Nacional en cumplimiento a las instrucciones de los altos mandos del Gobierno Nacional obedecen a los intereses de la transnacional minera South American Silver, por tanto cualquier posibilidad de un desencadenamiento de mayores hechos de violencia en torno a la defensa de tierra territorio será de entera responsabilidad del Gobierno Nacional.

Sexto.- Frente a esta situación de emergencia como la presente, pedimos la acción inmediata de los organismos internacionales de derechos humanos, derechos humanos y defensor del Pueblo tomar las acciones que les corresponda en funcion a sus competencias.

Séptimo.- El Conamaq en coordinación con la IX Marcha Indígena en defensa de Tierra Territorio y el TIPNIS, y la CIDOB, instan a todos los suyus y regionales, reforzar nuestra protesta y masificar la marcha, a si como en las tierras altas. Una convocatoria especifica determinara los detalles de la masiva movilización en defensa de nuestros derechos colectivos para los Suyus en tierras altas.

La Paz, mayo 22 de 2012
conamaq
bolpress

Analista político: El Gobierno quiere descabezar a la CIDOB para frenar la IX marcha

El gobierno nacional quiere derrocar Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), con el objetivo de formar una directiva que obedezca a los intereses del Órgano Ejecutivo y de esta manera frenar la IX marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), según el analista político Gustavo Pedraza.

Aseguró que el gobierno está urgido por parar la movilización indígena y “maquillar” la situación política del país y mostrar una buena estabilidad en la reunión de la OEA (Organización de los Estados Americanos) que se realizará el próximo mes en Cochabamba.

Indicó, que el objetivo de fondo es establecer una directiva amiga, leal e incondicional a las estructuras del gobierno para desprestigiar a la IX marcha de y acusar que este es un movimiento político para desestabilizar al presidente Evo Morales.

“Este es el tercer intento que el Órgano Ejecutivo realiza para frenar la movilización de los indígenas de tierras bajas, las dos anteriores fueron las acciones para que no se inicie la IX marcha firmando acuerdos con algunas regionales y  los actos realizados en la localidad de San Ignacio de Moxos para que los originarios no pasen hacia la ciudad de La Paz”, enfatizó.

Sin embargo, el analista cree que todas estas dificultades fortalece la moral de la columna de la IX marcha, que pretende llegar hasta La Paz para exigir la anulación de la Ley 222 que ordena la consulta en las comunidades del TIPNIS.

erbol

miércoles, 23 de mayo de 2012

La IX marcha indígena en defensa del TIPNIS sale de San Borja rumbo a Chaparina

La IX marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) salió a las 06.00 horas de este miércoles desde San Borja del Beni  para retomar su caminata con dirección a Chaparina, donde esperarán a una comisión del gobierno para iniciar el diálogo y tratar la Plataforma de Demandas de nueve puntos.

La información la brindó el corresponsal de Erbol, quien indicó que los marchistas deben cumplir hoy un recorrido de más de 25 kilómetros para llegar a la Embocada.

“La marcha indígena salió hace instantes desde San Borja para poder trasladarse a la Embocada, donde hoy van a descansar. Son más de 25 kilómetros los que deben recorrer durante todo el día”, narró el periodista.

De acuerdo con el reporte los líderes de la movilización decidieron continuar la caminata, que tiene el objetivo de llegar a la ciudad de La Paz para pedir la anulación de la Ley 222 de “post consulta” sobre la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en el Parque, este jueves para llegar el viernes 25 a Chaparina.

“Van a continuar mañana (este jueves) para estar el viernes en Chaparina, donde esperarán al presidente Evo Morales”, indicó.

Sin embargo, desde el gobierno dieron a conocer que el Primer Mandatario no acudirá al diálogo y por el contrario será una comisión el que se trasladará hasta Chaparina para reunirse con los indígenas. 

erbol

El Defensor del Pueblo encubre los atentados de Quintana contra Sol de Pando

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), denunció  la mañana de este jueves en que se celebra el Día Mundial de la Prensa, una creciente cultura de agresión contra los periodistas  y una tendencia a coartar la libertad de expresión de manera impune,  según declaró el Director Ejecutivo de esta organización, Juan León Cornejo.

Juan León se refirió al informe de la ANP “Estado de la Libertad de Expresión 2011”, donde se detallan varios atentados contra la libertad de prensa infringidos por un sector autoritario del gobierno que preside Evo Morales, y que permanecen sin su debido esclarecimiento ni justas sanciones contra los agresores, como es el caso de la incautación de una de sus ediciones y sucesivos atentados perpetrados contra la autonomía informativa y libertad de trabajo del periódico amazónico Sol de Pando.

“En julio pasado” —señala el Informe de la ANP— “el Director del periódico Sol de Pando, Wilson García Mérida, acusó al gobernador del departamento de Pando, Luis Flores Roberts, de haber instruido el secuestro de dos mil ejemplares del número 22 de la publicación para evitar la difusión de una noticia en la que se mencionaban irregularidades en la gestión de la autoridad. La denuncia no mereció atención del Gobierno ni del Defensor del Pueblo, según García Mérida, y el caso pasó al olvido”.

En efecto, Sol de Pando ha comprobado fehacientemente una actitud abiertamente encubridora de los atentados perpetrados contra este medio, por parte del Defensor del Pueblo Rolando Villena. Según el Director de este medio, Wilson García Mérida, dicha autoridad defensorial “carece de la autonomía institucional necesaria para ejercer con transparencia y eficacia las atribuciones que le confiere la Constitución, pues hemos notado que Rolando Villena está sometido a una dependencia vergonzosa del poder político central, y nada menos que de personajes como el actual ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana". Luego el periodista aclara: "No hallo otra explicación al maltrato que el Defensor del Pueblo nos ha dispensado en nuestra condición de ciudadanos y trabajadores de la prensa agredidos por el poder ejercido con abuso e intolerancia”.

¿Qué defiende el Defensor?

García Mérida responsabiliza a Quintana por los atentados sistemáticos contra la libre circulación de Sol de Pando, y presume que el Defensor del Pueblo actúa encubriendo esos atentados “que no solo se limitaron a la incautación y quema de nuestra edición número 22 el 11 de julio ejecutadas por personal dependiente del gobernador Flores Roberts, sino también abarcan las campañas difamatorias y discriminatorias de Quintana en abuso de sus funciones estatales y tráfico de influencias para causarle daño económico al periódico, las acciones de amedrentamiento contra nuestras canillitas para evitar la venta de ejemplares en las calles de Cobija y las presiones para destruir nuestros planteles de prensa con amenazas, prebendas y chantajes”, afirma García Mérida.

“Nos indigna la irracionalidad e insensibilidad espantosa con que los famosos 'operadores' de Quintana, bajo la indiferencia cómplice del Defensor del Pueblo, han destruido una fuente laboral que habíamos creado para la gente humilde de Cobija, pues el cien por ciento de los ingresos por la venta del periódico era para los canillitas, nada para nosotros”, lamenta el periodista cochabambino.
La Gerencia y Dirección de Sol de Pando dirigieron una primera carta de queja a Rolando Villena el 28 de julio del 2011, a pocos días de la incautación dirigida por Luis Flores, denunciando además las presiones ejercitadas contra nuestra entonces jefa de canillitas Virginia Guachalla, cuyo grupo familiar y vecinal fue obligado a dejar de vocear el periódico con la amenaza de ser excluidos del programa “Empleo Digno”, además de las amenazas de agresión física y vendettas judiciales vertidas contra el plantel de prensa del periódico. Aquella queja nunca mereció respuesta por parte de Villena.

Posteriormente, el 7 de diciembre del mismo año, Wilson García Mérida reiteró la queja ante dicho Defensor del Pueblo, reclamando por la falta de atención a la nota del 28 de julio. Según reveló el Director de Sol de Pando, su preocupación respecto a una virtual actitud prevaricadora de Villena surgió al constatar que en el informe defensorial sobre el intento de masacre contra los marchistas indígenas el 25 de septiembre en Chaparina (Yucumo), habría intervenido uno de los operadores políticos de Juan Ramón Quintana, hoy estrecho colaborador de Villena: el abogado Jaime Quiroga Carvajal. “No tengo evidencia plena sobre del grado de intervención funcionaria del señor Jaime Quiroga en el informe defensorial sobre los hechos del 25 de septiembre en Chaparina; pero me llama la atención que ese informe es inconsistente y adolece de muchos cabos sueltos precisamente en varios aspectos en los que se notaba la mano dura del entonces director de ‘Ademaf’ como principal encargado encubierto de los aparatos de inteligencia y de seguridad del Estado, aspectos que el informe de Villena dejó en la nebulosa”, sostiene García Mérida.

Un operador de Quintana detrás de Villena

A partir de dicho antecedente —y considerando que a raíz del escándalo de un soborno pagado por agentes de Inteligencia a un involucrado en el caso Rozsa, Jaime Quiroga ya había sido denunciado por El Deber de Santa Cruz, el 20 de enero del 2011, como un “infiltrado de Quintana” en el Defensor del Pueblo—,  el Director de Sol de Pando solicitó a Rolando Villena separe a este funcionario en el tratamiento de las denuncias sobre los recurrentes atentados perpetrados contra este periódico precisamente por Quintana y sus dependientes estatales.

En esa segunda carta dirigida a Villena el 7 de diciembre del 2011, la Gerencia y Dirección de Sol de Pando le expresan lo siguiente:

“Asimismo molestamos su atención para solicitar a su digna autoridad, muy encarecidamente, tenga a bien apartar al señor Jaime Quiroga Carvajal —funcionario bajo vuestra dependencia— de cualquier conocimiento de nuestra reiterada queja ante el Defensor del Pueblo, pues en caso de ser así se estaría incurriendo en conflicto de intereses, entre otras anomalías, debido a antecedentes y nexos del señor Quiroga que son de pleno conocimiento suyo”.

Hasta la fecha, Villena no se ha dignado en responder ninguna de las dos quejas formalmente presentadas por Sol de Pando el 28 de julio y 7 de diciembre; y tampoco los directivos de este periódico, en su condición de damnificados, han sido convocados para aportar en las investigaciones ni menos notificados con los resultados (inexistentes) de la investigación que era deber constitucional del Defensor del Pueblo llevar adelante respecto a las agresiones y discriminaciones que este medio periodístico se ve obligado a resistir estoicamente y sin claudicar en aras de la transparencia de la gestión pública.

“La forma displicente y prevaricadora con que el Defensor del Pueblo tomó nuestras denuncias permitió se imponga la impunidad en los atentados contra Sol de Pando, que no son atentados contra las personas que dirigimos y editamos este periódico, son atentados contra el prestigio democrático del gobierno de Evo Morales, contra la autonomía de la información que debe regir en una auténtica democracia popular”, concluyó García Mérida.

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MÁS PODER PARA EL “JR” | Con el interinato de Maldonado, Quintana toma control directo de la Policía

El ex militar logró su objetivo de someter a la institución policial bajo su irrefrenable ansiedad de poder personal, dentro una estrategia orientada a convertir a la Policía en una entidad eminentemente represiva y de control político, para transferir importantes funciones policiales a las Fuerzas Armadas. La Policía es una más de las instituciones estatales que cae bajo el compulsivo control de Quintana, ante la complacencia de un Presidente que labra su propio desgaste como rehén voluntario del ávido ex asesor de Banzer. Si Evo Morales no “desquintaniza” su Gobierno, la crisis gubernamental podría derivar en una ruptura de la democracia que el mismo Quintana viene gestando con maquiavélica intencionalidad, pretendiendo militarizar este proceso…

por Wilson García Mérida.

La posesión reciente del coronel asimilado Víctor Maldonado Hinojosa como Comandante General de Policía Boliviana, con carácter interino, es otra “jugada maestra” del ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana que vuelve a poner al presidente Evo Morales  —quien designó al cuestionado policía por directa “sugerencia” de su influyente Ministro (como sucede con una gran parte de las designaciones en este régimen)—,  en un escenario recurrente  de conflicto, de crisis y desgaste presidencial.

Apenas superado el conflicto con el sector médico y estudiantil a raíz de un decreto anticonstitucional redactado por iniciativa del mismo Quintana, ahora Evo Morales se enfrenta a un latente estado de amotinamiento e insubordinación policial al haberse roto las líneas institucionales de ascensos y promociones de mando en la Policía.

No cabe duda que este ex mayor de Ejército, conocido como “el JR” en las altas esferas gubernamentales, es la personificación más nítida de una tendencia autoritaria, reaccionaria y rupturista que está pisando fuerte en el gobierno del presidente Evo Morales, causando el acelerado deterioro de un Gobierno que prometía otra cosa al país. El ex militar que fue asesor de Inteligencia en el gobierno de Hugo Banzer Suárez, es el principal responsable de la pérdida de popularidad de Evo Morales y de la derechización del proceso de cambio, con los asomos fascistoides de un sujeto ávido de acumular poder personal (y riqueza mal habida por ende) a costa de corromper las instituciones democráticas bajo un pseudo discurso “anti-imperialista” que engañó a muchos durante los primeros años de este régimen, y sigue engañando a los mandatarios electos que confían en él ciegamente.

Si Evo Morales retoma lucidez alejando sus oídos de la lengua falsaria de Quintana, y asume la necesidad de revertir el deterioro de su régimen para reencauzar el proceso revolucionario bajo los principios libertarios y populares que sustentaron este proceso, no sólo debe rectificar errores como el reciente de entregar el mando de la Policía a un efectivo asimilado, sino, sobre todo, “desquintanizar” su Gobierno cortando de manera firme y transparente los tentáculos militaristas y autoritarios que este descontrolado “estratega” de la ruptura —obsesionado con acumular para sí un poder ilimitado— viene desarrollando a costa incluso de debilitar el liderazgo democrático del Presidente.

Si se mantiene la situación de descontento generado en las filas policiales por este caprichoso nombramiento (tras la destitución de Santiesteban por el escándalo no aislado de Anapol, lo correcto era el relevo con el segundo General al mando), el país podría revivir aquel doloroso amotinamiento policial de febrero del 2003 que fue el comienzo de la caída de Sánchez de Lozada. Está en manos de Evo Morales —sólo de Evo Morales y bajo ninguna circunstancia de Quintana—  evitar semejante posibilidad en ciernes.

La Policía, nuevo botín de Quintana

Tal como confirmó la revista digital Oxígeno que dirige el periodista Grover Yapura, el coronel Víctor Maldonado Hinojosa “fue un detective asimilado por la institución del orden, en los años 80”, no egresó de la Academia Policial y no cumple el requisito esencial para asumir cargos de General, pues, según Oxígeno, “en los años 80 (durante el gobierno de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, nr) fue parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DIN), grupo que se dedicó a ejercer represión política y que atentó contra líderes sociales. Un vez que el DIN desapareció, el gobierno democrático de Hernán Siles Suazo dispuso que quienes eran parte del grupo de inteligencia sean asimilados por la Policía…”.

Es por demás sabido que el coronel Víctor Maldonado, quien fue habilitado para ascender en el escalafón policial durante el gobierno de Sánchez de Lozada como parte de un grupo de policías vinculados al MNR, es un policía que hoy trabaja estrecha y directamente bajo las órdenes de “JR” Quintana, al menos desde el año 2008 tras los sucesos sangrientos en Porvenir, cuando Maldonado Hinojosa asumió el cargo de Subcomandante Departamental de la Policía en Pando. Quintana, que odia visceralmente a la Policía fiel a su espíritu de cuerpo militar, halló en Maldonado el perfil ideal de un policía con cierto desafecto hacia la estructura institucional normada. Debido a su carrera policial como un ex agente civil de inteligencia asimilado, Maldonado sufrió en carne propia la discriminación de sus  soberbios camaradas formados en la Academia Policial y en esa circunstancia halló en Quintana el padrino perfecto para subir en la jerarquía policial venciendo esa discriminación a costa incluso de romper las líneas formales de mando.

Luego de intercambiar favores mutuos en Pando, en el 2010 Quintana “promovió” a Maldonado como Comandante Departamental de la Policía en el Beni, donde el ya privilegiado ex agente del DIN trabajaría estrechamente con Jessica Jordan haciendo “seguimiento” al entonces gobernador Ernesto Suárez. Durante su gestión como comandante del Beni, el coronel Maldonado trabajó con un dirigente del MNR en Trinidad, Oscar Nacif, para incriminar a los entornos de Suárez de presuntos pagos de millonarios sobornos en la Asamblea Departamental, en mayo del 2011, a partir de lo cual la caída del gobernador Suárez se hizo inminente.

Tras el “exitoso” caso de los sobornos en el Beni, en agosto del 2011, en previsión a la anunciada crisis del Tipnis una vez emprendida la marcha desde Trinidad, Quintana apadrinó a Víctor Maldonado para que éste asumiera el cargo de Jefe Nacional de Inteligencia, lo cual le permitió al “JR” consolidar su  área de control e influencia en el Ministerio de Gobierno, por encima incluso del Ministro correspondiente, pues Evo Morales había delegado en Quintana  —encubierto bajo su cargo de rango menor como director de la Agencia de Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (“Ademaf”)— las tareas de Seguridad e Inteligencia del Estado.

Además de controlar el aparto de Inteligencia policial a través del coronel  Maldonado, Quintana controla los organismos de inteligencia militar mediante un grupo de oficiales satinadores egresados de la Escuela de Cóndores de Sanandita (creada durante la dictadura de García Meza) quienes se encargan de realizar labores de infiltración y escuchas telefónicas, además de otras tareas sucias propias de regímenes dictatoriales. Este grupo de satinadores, de hecho, también ha sustituido al grupo de policías edecanes en el Ministerio de la Presidencia. El objetivo de Quintana es que todos los equipos de edecanes en todos los ministerios, incluyendo los servicios de seguridad del Presidente, prescindan de personal policial y en su lugar sólo trabajen oficiales del Ejército egresados de la Escuela de Cóndores.

corrupción policial funcional al plan militarizador

Mientras dure el interinato del coronel Maldonado como Comandante General de la Policía, "JR” Quintana aprovechará esta coyuntura para reducir los espacios institucionales de la Policía a favor de las Fuerzas Armadas, y para doblegar a los coroneles que aspiran al ascenso de generales obligándoles a alinearse con el “proceso de cambio” sin derecho a deliberar y comprometidos a quedar en deuda con él por las prebendas que se negociarán en dicho lapso.

En su alianza con “el JR”, Maldonado le proveyó valiosa información interna que le permitió al ex militar tener un “mapa” (con su respectivo “power point” de rigor) para planificar su intervención sobre los mandos policiales.

Por supuesto que la corrupción endémica que caracteriza a esta institución coercitiva del Estado ofrece uno de los flancos más vulnerables de la Policía, y es lo que Quintana aprovecha para quitarle terreno al cuerpo policial. En base a la información suministrada por Maldonado, Quintana, desde la dirección de Ademaf, obligó al Ministerio de Gobierno procesar y destituir a varios policías que fueron sorprendidos cobrando sobornos a traficantes de madera en Pando; y una vez que el ex militar volvió al Ministerio de la Presidencia en enero de este año, instruyó a uno de sus más obsecuentes “operadores” en la Amazonia, Cliver Rocha, director de la ABT (Autoridad para la Fiscalización de Bosques Tropicales) emitir una resolución administrativa separando a la Policía Nacional en las tareas de control de los bosques, para sustituir a los efectivos policiales con una unidad dependiente de las FF.AA. En otras palabras, la corrupción en que suelen incurrir algunos efectivos policiales es funcional a la estrategia de Quintana para favorecer a la expansión militar en ciertas funciones estatales que le serán cercenadas a la Policía.  Pero la corrupción en sí no desaparece, sólo cambia de uniforme y de mandamás.

Someter a la Policía al poder político

En el año 2003, ejerciendo como sociólogo tras ser dado de baja del Ejército, Quintana realizó una consultoría para el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (Pieb), publicando un estudio denominado “Policía y democracia: una política institucional pendiente”, donde el ex militar vislumbra su proyecto hoy en marcha manifestando lo siguiente:

“La compleja mezcla del poder deliberante del mando policial, su subordinación política y la  indiscriminada autonomía administrativa, impidieron llevar a cabo reformas coherentes en el cuerpo policial. La continua rotación de mandos trató de regular la lealtad policial pero al mismo tiempo fue un obstáculo para ejercer plena autoridad política. En suma, hasta hoy no ha sido posible forjar una política gubernamental, peor aún, una política estatal, capaz de lograr la subordinación policial al orden constitucional. Tomando en cuenta lo anterior, las tareas más urgentes que se deben llevar a cabo debieran orientarse a lograr la institucionalización a través de la subordinación real y efectiva de la conducta, roles y funciones policiales al imperio de la ley”.
Aquella “subordinación real y efectiva” que busca “JR” tuvo una muestra patética durante el último Congreso del MAS en Cochabamba, donde los principales mandos de la Policía se hicieron presentes exhibiendo sus credenciales de militantes recién afiliados al partido.

Adiós a las Ong’s

Cuando estalló el conflicto del Tipnis, a partir de la marcha que se inició en agosto del 2011, Quintana aprovechó esa coyuntura para desmarcarse abiertamente de las ONG’s a través de las cuales había llegado al gabinete de Evo Morales junto con personajes como Alejandro Almaraz, Raúl Prada, Pablo Solón y otros funcionarios estalinistas de estas ONG`s que crearon el conflicto del Tipnis como parte de su disputa interna por cuotas de poder con el MAS.

Quintana, que con anterioridad a las elecciones del 2005 tuvo alguna actividad académica trabajando para algunas ONG’s hoy en la oposición, y que se acercó a Evo Morales y García Linera como funcionario de una ONG financiada por el grupo norteamericano Soros, tuvo serios problemas con la partidocracia del MAS durante su primera gestión en el Ministerio de la Presidencia, debido a la distribución de cargos.

Las pegas que le exigía el MAS al ministro Quintana las detentaban las ONGs, además de sus entornos personales y familiares con gente del MIR, MNR y ADN. Cuando se produjo la ruptura entre las ONG’s y el MAS, Quintana dejó el Gabinete junto con Almaraz, “Chato” Prada, Solón, “et al”; pero a diferencia de los dirigentes del Cejis, el ex militar no se pasó a la oposición, se aferró al gobierno aceptando un cargo menor como director de “Ademaf” y desde esa oficina se quitó la máscara académica y se puso la charretera mostrando el puño cerrado y el ceño fruncido que necesitaba el MAS ante la emergencia del conflicto del Tipnis, un conflicto que le abrió el camino para volver al Ministerio de la Presidencia, esta vez granjeándose las simpatías necesarias entre la jerarquía cocalera del MAS que lo había reemplazado con Oscar Coca en el Gabinete tras la ruptura entre la partidocracia masista y los señoritos de las ONG`s (que con sus privilegios financieros pretenden suplir no sólo al Estado sino también al Partido).

Desde “Ademaf”, Quintana abrió de par en par las puertas de los cuarteles, mucho más que en su anterior gestión de Ministro, para generar una adhesión obsecuente de las FF.AA. a Evo Morales; exacerbó la propensión megalómana y pequeño-burguesa del Presidente adulándolo en todo momento y anulando el perfil indígena de Evo, y expandió sus redes de Inteligencia aprovechando sus viejas amistades con militares y policías banzeristas y garciamecistas. El coronel Víctor Maldonado, ahora Jefe Nacional de Inteligencia, le venía como anillo al dedo.

La mano negra en Chaparina

No hay duda alguna de que Quintana fue el “cerebro” del intento de masacre del 25 de septiembre del pasado año, perpetrado especialmente contra mujeres indígenas que marchaban con sus hijos; tras el ropaje de “Ademaf”, Quintana operativiza las principales acciones represivas del Gobierno actuando a nombre del presidente Evo Morales para imponer su autoridad por encima incluso de otros ministros encargados de las áreas de Seguridad y Defensa. Envió personalmente al Jefe Nacional de Inteligencia hacia Yucumo para planificar la violenta intervención policial; los informes que transmite Maldonado desde su celular no van necesariamente al despacho del ministro Sacha Llorenti y menos a la del comandante general de la Policía. Van a oídos de Quintana directamente. Es ahí donde la famosa “cadena de mando” se rompe. De hecho, el Comandante general de la Policía de entonces, Santiestéban, a quien hoy Maldonado reemplaza en el cargo, desconocía sobre la presencia del Jefe Nacional de Inteligencia en la zona de Yucumo; y la pregunta obvia es ¿quién le instruyó a Maldonado hacerse presente en el lugar del conflicto durante la operación represiva?

La intervención policial en Chaparina se produce en el momento en que los marchistas indígenas se toman una siesta en pleno reposo dominical, cansados, hambrientos, sedientos, humillados, tras sufrir difamaciones que emiten los medios de Estado con el libreto escrito por Quintana y tras soportar un despiadado bloqueo que les impide acceder a suministros de agua, medicamentos y víveres; la acción está concebida militarmente para aprovechar el factor sorpresa, reducir la resistencia física de los intervenidos y evitar bajas en lo posible. El santo  y seña para la intervención policial en el momento de la siesta indígena no la da un pajarito, la da un equipo de Inteligencia previo trabajo especializado; eso lo sabe el coronel Víctor Maldonado, eso lo sabe el satinador Quintana, diestro en operativos Opsic (Operaciones Sicológicas) que aprendió en la Escuela de las Américas de Panamá y que ahora, en el Gobierno del “cambio”, se enseña como materia troncal en la Escuela de Cóndores de Sanandita, cuyos tenebrosos muros huelen hoy a pintura fresca.

Los planificadores y ejecutores de  la represión fascistoide en Chaparina (entre ellos Quintana y Maldonado con toda seguridad) intentaron rematar aquella razzia anti-indígena trasladando a los marchistas acorralados hacia sus lugares de origen en vuelos de la FAB, usando aviones que llegaron ahí sin la autorización oficial respectiva. La Máxima Autoridad Ejecutiva del área, la Ministra de Defensa, Cecilia Chacón, hizo prevalecer su condición de mujer joven y revolucionaria renunciando al cargo porque alguien también rompió la cadena de mando en este Ministerio; sobra decir quién es el recurrente “innombrable” que todo lo rompe.

Las villanías de Villena

En noviembre del 2011, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, emitió un informe sesgado y mediocre que no muestra investigación alguna sobre el por qué de la presencia del coronel  Víctor Maldonado en la Marcha horas previas a la razzia del 25 de septiembre, y tampoco explica los motivos reales de la renuncia de Cecilia Chacón al Ministerio de Defensa.

El Informe Defensorial sobre los hechos de Chaparina no menciona en ninguna de sus páginas el nombre de Víctor Maldonado Hinojosa. Miente Villena en sus recientes declaraciones ante la prensa este martes, tras salir de una reunión en el Palacio de Gobierno, cuando sostiene que Maldonado “se negó a declarar”; no consta en el informe que el Defensor del Pueblo hubiera requerido informe alguno al entonces Jefe Nacional de Inteligencia.

De hecho, en las conclusiones del informe emitido por Villena en noviembre, este Defensor del Pueblo “recomienda” al Fiscal General del Estado iniciar acciones penales, por violación a los derechos humanos a varios funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Policía, menos al Jefe Nacional de Inteligencia.

En la página 120 del informe de marras, Villena pide al Fiscal General “que instruya proseguir las acciones penales por la violenta intervención policial acaecida el 25 y 26 de septiembre de 2011, en especial contra los ciudadanos Sacha Sergio Llorenti Soliz, Marcos Jaime Farfán Farjat, Boris Villegas Rocabado, Ramiro Delgado, Karolina Vertiz Arancibia, Edwin Contreras, Diego Pérez, Jorge Arzabe, Adalit Rivero, Ernesto Castro; así como contra los funcionarios policiales Jorge Santiesteban Claure, Oscar Muñoz Colodro, Edwin Foronda Franco, Modesto Palacios Cruz, Oscar Chávez Ruedas, Alberto Aracena, Henry Terrazas Verduguez y otros…”. El nombre de Víctor Maldonado Hinojosa fue omitido deliberadamente por los redactores de este Informe Defensorial, ya que investigar a Maldonado con el rigor del caso habría implicado llegar hasta Quintana, el eslabón perdido en la “cadena de mando” misteriosamente rota.

Sol de Pando ha comprobado en carne propia que Rolando Villena incurre en prevaricato para encubrir la participación de Quintana en varios hechos represivos orquestados por “el JR” y sus “operadores”.  Uno de aquellos “operadores”, el más obsecuente en el entorno íntimo de Quintana, se llama Jaime Quiroga Carvajal, por cuyo “filtro” pasan los informes que suscribe el defensor Villena.
Sol de Pando sigue esperando respuestas a reiteradas quejas elevadas al Defensor del Pueblo acerca de los atentados y actos discriminatorios que sufre nuestro medio informativo por influencias y órdenes directas de “JR” Quintana y sus funcionarios estatales, tales como la incautación de 2.000 ejemplares sufrida el 11 de julio del 2011 y la cobarde campaña de terror contra nuestras humildes canillitas que fueron obligadas a dejar de vender el periódico en las calles de Cobija.

Villena, quien por lo visto le debe el cargo a Quintana, resultó ser otro de sus fieles subordinados; al menos eso muestra su informe encubridor sobre los sucesos del 25 de septiembre en Chaparina.

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lunes, 21 de mayo de 2012

Fiebre del quinua alimenta la violencia en Bolivia


Considerada por la NASA como uno de los alimentos "más completos" para los seres humanos debido a su alto contenido nutricional, la quinua se ha convertido en un grano de moda y ahora constituye el centro de una violenta disputa de tierras al interior de Bolivia.

El cultivo del grano, abanderado por los partidarios de una alimentación sana en todo el mundo, ha reavivado un problema limítrofe entre las principales zonas productoras del país. Según algunas fuentes, las plantaciones también amenazan con provocar la desertificación de una región que ya es inhóspita para la agricultura.

El enfrentamiento entre los productores de quinua de las localidades de Quillacas y Coroma, en el occidente boliviano, dejaron ocho heridos el mes pasado, según informó el gobernador del departamento de Potosí, Félix González, quien ha estado pidiendo al gobierno central de la militarización de la zona.

Según medios locales, en marzo tres campesinos de Potosí fueron tomados como rehenes en el marco de conflictos en la misma región. La representación de las Naciones Unidas en Bolivia se ofreció para mediar.

De acuerdo con el diario La Razón, decenas de bolivianos resultaron heridos por impactos de piedras y una explosión de la dinamita, y cien policías fueron desplegados para controlar la situación.

Los enfrentamientos ocurrieron dentro de una zona que se disputan los departamentos de Oruro y Potosí, las dos principales regiones productoras de quinua de Bolivia, y probablemente del mundo.

La fiebre de la quinua

Ampliamente consumida por los incas, la quinua se utiliza ahora en ensaladas o en lugar del arroz.

La NASA la ha catalogado como alimento ideal para quienes habitan las estaciones espaciales, principalmente debido a su alto contenido en proteínas.

En la última década, las exportaciones bolivianas de cereales se han incrementado más de 20 veces, al pasar de US$ 2,5 millones a US$ 65 millones. El precio del producto se ha triplicado desde 2006.

Según Mario Martínez, vocero del gobierno de Potosí, aunque los agricultores de la región han llegado a una tregua hace poco, dividiendo por la mitad del área de producción, las tensiones persisten.

"Es un acuerdo frágil y, como estamos en la época de cosecha, podría dar pie a una nueva guerra en cualquier momento", dice Martínez, quien acusa a los campesinos de Oruro "de tomar por la fuerza" el 25% de la cosecha en la región en disputa. Los orureños lo niegan.

Nueva frontera agrícola

Bolivia es el principal exportador de quinua, que se produce en menor escala en otros países andinos, y que recientemente ha empezado a cultivarse también en los Estados Unidos, Canadá y Brasil.

"La rápida expansión de la agricultura en Bolivia ayuda a alimentar los conflictos", dice el coronel David, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF). "Antes tenía que viajar cuatro o cinco horas de Oruro para encontrar áreas de cultivo. La quinua está ahora a menos de diez minutos de la ciudad", asegura.

Uno de los fenómenos causados por la "fiebre de la quinua" es el retorno de los campesinos que habían abandonado las zonas rurales del empobrecido altiplano boliviano hacia las ciudades u otras regiones del país.

Algunos de estos emigrantes volvieron a instalarse en sus antiguas comunidades. Otros prefieren permanecer en el campo sólo durante las temporadas de siembra y la cosecha.
"Incluso hay casos de bolivianos que viven en el extranjero, en países como Brasil y Argentina, que están recurriendo al cultivo de quinua", dice Ernesto Juan Crispín, la Asociación Nacional de Productores de Quinua (ANAPQUI), la cual reúne a más de 1.200 productores.

La disputa de límites entre Oruro y Potosí es centenaria. Las dos regiones reclaman un área de aproximadamente 250 km² adecuados para el cultivo de quinua, pero también ricos en uranio y roca utilizada en la fabricación de cemento.

Contra la Desertificación

Además del conflicto limítrofe, la fiebre de la quinua también está dejando como efecto una desertificación masiva en ciertas áreas.

El ingeniero agrónomo Vladimir Orsag, experto agrícola de la Universidad Mayor de San Andrés, explica que la quinua se siembra en un suelo frágil, compuesto en un 80% por arena. El clima es seco y las temperaturas pueden llegar a -30 grados.

"Con el auge de los precios en el mercado internacional, hay productores que están abandonando las técnicas tradicionales y reduciendo los períodos de descanso de la tierra en favor de la agricultura en masa", dice.

Según Orsag, la migración de los productores podría conducir a nuevos conflictos como los de Coroma y Quillacas. "La llegada de personas procedentes de otras ciudades y regiones a las zonas productoras de quinua crea una tensión subyacente que sólo se incrementará si hay un agotamiento de los suelos", dice Orsag.

Todo esto a pesar de que gran parte de los beneficios están en la venta y exportación del grano, no en la producción en sí, según señala Sandro López, de la Cámara Departamental de Quinua Real de Potosí (Cadequir).

Los campesinos bolivianos ganan alrededor de US$ 1,60 por kilo de quinua. En los mercados de Sao Paulo o Río de Janeiro, el precio llega a US$ 30 por medio kilo del producto.

BBC

Nuevo comandante estuvo involucrado en la represión a la marcha indígena en Chaparina



Las imágenes mostradas por los diferentes medios televisivos durante la represión policial a la VIII Marcha Indígena en Chaparina (Beni) en 2011 muestran al ahora comandante general de la Policía, Víctor Maldonado, supuestamente dirigiendo la acción de los uniformados.

El coronel Maldonado, que en ese entonces era director nacional de Inteligencia, fue testigo de los excesos de los policías contra mujeres, niños y personas adultas, que fueron amordazadas, golpeadas y separadas de sus seres queridos con el afán de disuadir la protesta de los defensores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis).

Wilfredo Chávez, entonces ministro de Gobierno, descartó la participación de Maldonado y suspendió al subcomandante nacional de la Policía, Óscar Muñoz, y al mismo tiempo lo puso a disposición de la justicia ordinaria. “El coronel Maldonado no tenía el mando de la operación, había un jefe policial que era el responsable”, manifestó Chávez el 7 de octubre del año pasado.

El exministro también mencionó que para el Gobierno “está claro” quién estaba en la dirección de las operaciones y de dónde salió la orden de intervenir la marcha. El 25 de mayo se cumplirán ocho meses y hasta ahora nunca se supo quién ordenó la brutal represión.

EL DEBER Digital