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jueves, 24 de mayo de 2012

Denuncia nacional e internacional del Conamaq:: El gobierno de Bolivia viola otra vez los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) denuncia ante la comunidad nacional e internacional que la violación y vulneración de los Derechos humanos y los derechos Colectivos de nuestras Naciones Originarias y Pueblos Indígenas está degenerando en hechos de violencia e intentos de secuestro de autoridades originarias , de manera específica el caso de Mallku Qhuta.

El Gobierno Boliviano ha entregado y entrega nuestros recursos naturales a empresas transnacionales y lo está haciendo en los términos coloniales en los que el viejo estado republicano lo ha hecho, sin respetar los mandatos de la Constitución Política del Estado y vulnerando nuestro Derecho a la Consulta Previa y Participación.

En la Marka Sacaca del Suyu Charkas Qhara Qhara, Mallku Qhuta, el gobierno nacional hace años atrás ha suscrito un convenio con la empresa transnacional canadiense South American Silver, para la exploración minera. Hoy, esta transnacional minera, en complicidad con la administración del Presidente Juan Evo Morales Ayma, pretende realizar labores de explotación minera sin que se haya producido la migración de contratos conforme mandato constitucional y sin que se haya cumplido previamente el derecho a la consulta y consentimiento libre de nuestros hermanos originarios de Mallku Qhuta.

Denunciamos que ninguna de las decisiones del gobierno nacional ni de las actividades realizadas por la empresa transnacional, han sido de conocimiento de nuestros hermanos originarios de Mallku Qhuta, cuyo derecho a la consulta previa y consentimiento libre han sido vulnerados y que hoy se encuentran ante la posibilidad cierta de ser afectados por pasivos ambientales mineros como consecuencia de la contaminación de sus recursos hídricos y del conjunto de sus recursos naturales renovables.

El problema central de Mallku Qhuta es que el Gobierno Nacional no está cumpliendo los mandatos constitucionales que abren nuevos marcos de consulta y participación sobre la explotación de los Recursos Naturales, ni hace efectiva la visión de desarrollo, a partir de la cual debe generarse un nuevo marco normativo e institucional en la transición constitucional del Estado Republicano al Estado Plurinacional. El marco constitucional vigente y los instrumentos internacionales -que tienen como base y fundamento principal el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y naciones originarias- vinculan las decisiones estatales al resguardo de estos derechos.

Consiguientemente, toda decisión estatal deberá considerar no solamente los lineamientos generales de los derechos de las naciones originarias y pueblos indígenas como principios constitucionales, sino, su visión de desarrollo como elemento central y fundamento de su derecho vigente.

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) denuncia que nuestros hermanos de Mallku Qhuta están sufriendo acciones de amedrentamiento, persecución y violencia física y que la vulneración de nuestros derechos está degenerando en hechos de violencia. La mañana de ayer, la Autoridad Originaria Tata Kuraka Cancio Rojas Colque, Autoridad de la Marka Sacaca, del lugar de Mallku Qhuta, por grupos organizados y vinculados con la empresa transnacional canadiense South American Silver intentaron secuestrar en la ciudad de La Paz, la misma por auxilio y seguridad de su integridad física fue ácido al resguardo de la Policía Nacional ante la posibilidad de tortura y desaparición de nuestros hermanos de Mallku Cota.

En horas de la tarde Cancio Rojas Colque, Autoridad Originaria, junto a otras autoridades de Mallku Qhuta que defienden los intereses colectivos de las comunidades indígenas originarias, termina detenido con mandamiento de aprehensión por la Policía Nacional. Esta acción, de detención y llevar a prisión a una autoridad originaria, es una acción de persecución política que tiene el propósito de descabezar el liderazgo de los pueblos indígenas originarios para acallar la libertad de expresión, y favorecer los intereses de la empresa transnacional Canadiense South American Silver.

Frente a estos hechos, el CONAMAQ denuncia a nivel nacional e internacional en el marco de los derechos constitucionales y normas estatutarias, y pedimos al Presidente Juan Evo Morales Ayma:

Primero.- Cesar con las frecuentes acciones de violación y vulneración de nuestros derechos humanos y colectivos por parte del Gobierno Boliviano.

Segunda.- Rescinda el contrato minero suscrito con la empresa minera transnacional Canadiense South American Silver, para la explotación del Cerro Mallku Qhuta, y se proceda a la consulta previa, libre e informada y de buena fe con nuestros hermanos de Mallku Cota, en el marco de una nueva normativa nacional, a través del tratamiento, aprobación y promulgación de la Ley Marco de Consulta Previa, Informada, de Consentimiento Libre, presentada en junio 2009 por el CONAMAQ.

Tercera.- Dejar en libertad a la Autoridad Originaria, Kuraka Cancio Rojas Colque, de la Marka Sacaca, comunidad Mallku Qota, quien no ha cometido ningún delito penado por ley, más que defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas originarias y la no contaminación de la madre tierra. Cuya detención es netamente de carácter político.

Cuarta.- Se otorguen garantías a nuestros hermanos de Mallku Qhuta y a sus autoridades originarias, cesen las acciones de hostigamiento y violencia promovidas desde instancias estatales.

Quinto.- Denunciamos al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y alertamos a la Comunidad Internacional y al Pueblo boliviano, que los pueblos indígenas originarias no tenemos las garantías constitucionales. La Policía Nacional en cumplimiento a las instrucciones de los altos mandos del Gobierno Nacional obedecen a los intereses de la transnacional minera South American Silver, por tanto cualquier posibilidad de un desencadenamiento de mayores hechos de violencia en torno a la defensa de tierra territorio será de entera responsabilidad del Gobierno Nacional.

Sexto.- Frente a esta situación de emergencia como la presente, pedimos la acción inmediata de los organismos internacionales de derechos humanos, derechos humanos y defensor del Pueblo tomar las acciones que les corresponda en funcion a sus competencias.

Séptimo.- El Conamaq en coordinación con la IX Marcha Indígena en defensa de Tierra Territorio y el TIPNIS, y la CIDOB, instan a todos los suyus y regionales, reforzar nuestra protesta y masificar la marcha, a si como en las tierras altas. Una convocatoria especifica determinara los detalles de la masiva movilización en defensa de nuestros derechos colectivos para los Suyus en tierras altas.

La Paz, mayo 22 de 2012
conamaq
bolpress

Analista político: El Gobierno quiere descabezar a la CIDOB para frenar la IX marcha

El gobierno nacional quiere derrocar Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), con el objetivo de formar una directiva que obedezca a los intereses del Órgano Ejecutivo y de esta manera frenar la IX marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), según el analista político Gustavo Pedraza.

Aseguró que el gobierno está urgido por parar la movilización indígena y “maquillar” la situación política del país y mostrar una buena estabilidad en la reunión de la OEA (Organización de los Estados Americanos) que se realizará el próximo mes en Cochabamba.

Indicó, que el objetivo de fondo es establecer una directiva amiga, leal e incondicional a las estructuras del gobierno para desprestigiar a la IX marcha de y acusar que este es un movimiento político para desestabilizar al presidente Evo Morales.

“Este es el tercer intento que el Órgano Ejecutivo realiza para frenar la movilización de los indígenas de tierras bajas, las dos anteriores fueron las acciones para que no se inicie la IX marcha firmando acuerdos con algunas regionales y  los actos realizados en la localidad de San Ignacio de Moxos para que los originarios no pasen hacia la ciudad de La Paz”, enfatizó.

Sin embargo, el analista cree que todas estas dificultades fortalece la moral de la columna de la IX marcha, que pretende llegar hasta La Paz para exigir la anulación de la Ley 222 que ordena la consulta en las comunidades del TIPNIS.

erbol

miércoles, 23 de mayo de 2012

El Defensor del Pueblo encubre los atentados de Quintana contra Sol de Pando

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), denunció  la mañana de este jueves en que se celebra el Día Mundial de la Prensa, una creciente cultura de agresión contra los periodistas  y una tendencia a coartar la libertad de expresión de manera impune,  según declaró el Director Ejecutivo de esta organización, Juan León Cornejo.

Juan León se refirió al informe de la ANP “Estado de la Libertad de Expresión 2011”, donde se detallan varios atentados contra la libertad de prensa infringidos por un sector autoritario del gobierno que preside Evo Morales, y que permanecen sin su debido esclarecimiento ni justas sanciones contra los agresores, como es el caso de la incautación de una de sus ediciones y sucesivos atentados perpetrados contra la autonomía informativa y libertad de trabajo del periódico amazónico Sol de Pando.

“En julio pasado” —señala el Informe de la ANP— “el Director del periódico Sol de Pando, Wilson García Mérida, acusó al gobernador del departamento de Pando, Luis Flores Roberts, de haber instruido el secuestro de dos mil ejemplares del número 22 de la publicación para evitar la difusión de una noticia en la que se mencionaban irregularidades en la gestión de la autoridad. La denuncia no mereció atención del Gobierno ni del Defensor del Pueblo, según García Mérida, y el caso pasó al olvido”.

En efecto, Sol de Pando ha comprobado fehacientemente una actitud abiertamente encubridora de los atentados perpetrados contra este medio, por parte del Defensor del Pueblo Rolando Villena. Según el Director de este medio, Wilson García Mérida, dicha autoridad defensorial “carece de la autonomía institucional necesaria para ejercer con transparencia y eficacia las atribuciones que le confiere la Constitución, pues hemos notado que Rolando Villena está sometido a una dependencia vergonzosa del poder político central, y nada menos que de personajes como el actual ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana". Luego el periodista aclara: "No hallo otra explicación al maltrato que el Defensor del Pueblo nos ha dispensado en nuestra condición de ciudadanos y trabajadores de la prensa agredidos por el poder ejercido con abuso e intolerancia”.

¿Qué defiende el Defensor?

García Mérida responsabiliza a Quintana por los atentados sistemáticos contra la libre circulación de Sol de Pando, y presume que el Defensor del Pueblo actúa encubriendo esos atentados “que no solo se limitaron a la incautación y quema de nuestra edición número 22 el 11 de julio ejecutadas por personal dependiente del gobernador Flores Roberts, sino también abarcan las campañas difamatorias y discriminatorias de Quintana en abuso de sus funciones estatales y tráfico de influencias para causarle daño económico al periódico, las acciones de amedrentamiento contra nuestras canillitas para evitar la venta de ejemplares en las calles de Cobija y las presiones para destruir nuestros planteles de prensa con amenazas, prebendas y chantajes”, afirma García Mérida.

“Nos indigna la irracionalidad e insensibilidad espantosa con que los famosos 'operadores' de Quintana, bajo la indiferencia cómplice del Defensor del Pueblo, han destruido una fuente laboral que habíamos creado para la gente humilde de Cobija, pues el cien por ciento de los ingresos por la venta del periódico era para los canillitas, nada para nosotros”, lamenta el periodista cochabambino.
La Gerencia y Dirección de Sol de Pando dirigieron una primera carta de queja a Rolando Villena el 28 de julio del 2011, a pocos días de la incautación dirigida por Luis Flores, denunciando además las presiones ejercitadas contra nuestra entonces jefa de canillitas Virginia Guachalla, cuyo grupo familiar y vecinal fue obligado a dejar de vocear el periódico con la amenaza de ser excluidos del programa “Empleo Digno”, además de las amenazas de agresión física y vendettas judiciales vertidas contra el plantel de prensa del periódico. Aquella queja nunca mereció respuesta por parte de Villena.

Posteriormente, el 7 de diciembre del mismo año, Wilson García Mérida reiteró la queja ante dicho Defensor del Pueblo, reclamando por la falta de atención a la nota del 28 de julio. Según reveló el Director de Sol de Pando, su preocupación respecto a una virtual actitud prevaricadora de Villena surgió al constatar que en el informe defensorial sobre el intento de masacre contra los marchistas indígenas el 25 de septiembre en Chaparina (Yucumo), habría intervenido uno de los operadores políticos de Juan Ramón Quintana, hoy estrecho colaborador de Villena: el abogado Jaime Quiroga Carvajal. “No tengo evidencia plena sobre del grado de intervención funcionaria del señor Jaime Quiroga en el informe defensorial sobre los hechos del 25 de septiembre en Chaparina; pero me llama la atención que ese informe es inconsistente y adolece de muchos cabos sueltos precisamente en varios aspectos en los que se notaba la mano dura del entonces director de ‘Ademaf’ como principal encargado encubierto de los aparatos de inteligencia y de seguridad del Estado, aspectos que el informe de Villena dejó en la nebulosa”, sostiene García Mérida.

Un operador de Quintana detrás de Villena

A partir de dicho antecedente —y considerando que a raíz del escándalo de un soborno pagado por agentes de Inteligencia a un involucrado en el caso Rozsa, Jaime Quiroga ya había sido denunciado por El Deber de Santa Cruz, el 20 de enero del 2011, como un “infiltrado de Quintana” en el Defensor del Pueblo—,  el Director de Sol de Pando solicitó a Rolando Villena separe a este funcionario en el tratamiento de las denuncias sobre los recurrentes atentados perpetrados contra este periódico precisamente por Quintana y sus dependientes estatales.

En esa segunda carta dirigida a Villena el 7 de diciembre del 2011, la Gerencia y Dirección de Sol de Pando le expresan lo siguiente:

“Asimismo molestamos su atención para solicitar a su digna autoridad, muy encarecidamente, tenga a bien apartar al señor Jaime Quiroga Carvajal —funcionario bajo vuestra dependencia— de cualquier conocimiento de nuestra reiterada queja ante el Defensor del Pueblo, pues en caso de ser así se estaría incurriendo en conflicto de intereses, entre otras anomalías, debido a antecedentes y nexos del señor Quiroga que son de pleno conocimiento suyo”.

Hasta la fecha, Villena no se ha dignado en responder ninguna de las dos quejas formalmente presentadas por Sol de Pando el 28 de julio y 7 de diciembre; y tampoco los directivos de este periódico, en su condición de damnificados, han sido convocados para aportar en las investigaciones ni menos notificados con los resultados (inexistentes) de la investigación que era deber constitucional del Defensor del Pueblo llevar adelante respecto a las agresiones y discriminaciones que este medio periodístico se ve obligado a resistir estoicamente y sin claudicar en aras de la transparencia de la gestión pública.

“La forma displicente y prevaricadora con que el Defensor del Pueblo tomó nuestras denuncias permitió se imponga la impunidad en los atentados contra Sol de Pando, que no son atentados contra las personas que dirigimos y editamos este periódico, son atentados contra el prestigio democrático del gobierno de Evo Morales, contra la autonomía de la información que debe regir en una auténtica democracia popular”, concluyó García Mérida.

/soldepando.blogspot.com/

lunes, 21 de mayo de 2012

Nuevo comandante estuvo involucrado en la represión a la marcha indígena en Chaparina



Las imágenes mostradas por los diferentes medios televisivos durante la represión policial a la VIII Marcha Indígena en Chaparina (Beni) en 2011 muestran al ahora comandante general de la Policía, Víctor Maldonado, supuestamente dirigiendo la acción de los uniformados.

El coronel Maldonado, que en ese entonces era director nacional de Inteligencia, fue testigo de los excesos de los policías contra mujeres, niños y personas adultas, que fueron amordazadas, golpeadas y separadas de sus seres queridos con el afán de disuadir la protesta de los defensores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis).

Wilfredo Chávez, entonces ministro de Gobierno, descartó la participación de Maldonado y suspendió al subcomandante nacional de la Policía, Óscar Muñoz, y al mismo tiempo lo puso a disposición de la justicia ordinaria. “El coronel Maldonado no tenía el mando de la operación, había un jefe policial que era el responsable”, manifestó Chávez el 7 de octubre del año pasado.

El exministro también mencionó que para el Gobierno “está claro” quién estaba en la dirección de las operaciones y de dónde salió la orden de intervenir la marcha. El 25 de mayo se cumplirán ocho meses y hasta ahora nunca se supo quién ordenó la brutal represión.

EL DEBER Digital

martes, 15 de mayo de 2012

Denuncian que Gobierno quiere derrocar a Chávez y formar una CIDOB paralela

El gobierno impulsa la convocatoria de una asamblea entre las regionales de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que firmaron convenios con el presidente Evo Morales, para derrocar al presidente de la matriz de pueblos de tierras bajas, Adolfo Chávez, con la conformación de un directorio paralelo a esa organización, denunció el diputado Pedro Nuni.

Nuni explicó que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se reunió la noche del lunes en Santa Cruz con representante de la Central de Pueblos Étnico de Santa Cruz (CPESC), Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos (COPNAG) y de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), para impulsar la revocatoria de Chávez y dijo que se teme una toma de las instalaciones de la CIDOB.

“Aparentemente en el achaque de hablar del Fondo Indígena han planificado cómo van a tomar a la CIDOB, cómo van a autoconvocarse para tomar la CIDOB y de tal manera hacer una convocatoria próxima y desconocer a Adolfo Chávez como presidente de la cabeza de la CIDOB”, aseguró el asambleísta a Erbol.

Reunión sobre ejecución de proyectos

El vicepresidente de la CPESC, Airo Tacana, confirmó que se reunieron con el ministro Carlos Romero desde las 23.00 horas del lunes hasta las 01.30 de este martes, pero sólo para tratar el cumplimiento de los acuerdos programáticos que firmaron con el gobierno 11 de las 13 afiliadas de la CIDOB.

“La reunión era para delinear y trabajar en algunos acuerdos que firmamos con el gobierno: proyectos para el pueblo Yurakaré, para la CANOP, son proyectos de fortalecimiento y sobre tierra y territorio”, señaló Tacana a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

Según el dirigente el trabajo de coordinación con el gobierno continuará en estos días, ya que se conformaron comisiones para reunirse con distintas instancia del gobierno en pos de atender las demandas que tienen cada una de las regionales.

Asamblea sobre continuidad de Chávez

Airo Tacana informó que las regionales que pactaron con el gobierno resolvieron convocar a una asamblea extraordinaria para este fin de semana en la sede de la CPESC con el fin de tratar la continuidad de Adolfo Chávez como principal representante de la CIDOB.

El indígena aseguró que el gobierno no impulsa la reunión de este domingo y que la misma se llevará adelante con sus propios recursos.

“(El gobierno) no se metió en este problema, sino son las regionales. Las 12 regionales han decidido hacer una reunión extraordinaria para ver las problemáticas que están pasando con la cabeza de la CIDOB, Adolfo Chávez (…) vamos a tratar la continuidad del hermano Chávez y eso lo van a ver las regionales”, manifestó.

Tacana dijo que las organizaciones indígenas responsabilizan a Chávez de la división dirigencial que existe en la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y el COPNAG; donde un grupo de sus afiliadas decidieron destituir a Pedro Vare y Elario Uraesa, respectivamente, por “traicionar al movimiento indígena”.

erbol