El gobierno nacional quiere derrocar Adolfo Chávez, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), con el objetivo de formar una directiva que obedezca a los intereses del Órgano Ejecutivo y de esta manera frenar la IX marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), según el analista político Gustavo Pedraza.
Aseguró que el gobierno está urgido por parar la movilización indígena y “maquillar” la situación política del país y mostrar una buena estabilidad en la reunión de la OEA (Organización de los Estados Americanos) que se realizará el próximo mes en Cochabamba.
Indicó, que el objetivo de fondo es establecer una directiva amiga, leal e incondicional a las estructuras del gobierno para desprestigiar a la IX marcha de y acusar que este es un movimiento político para desestabilizar al presidente Evo Morales.
“Este es el tercer intento que el Órgano Ejecutivo realiza para frenar la movilización de los indígenas de tierras bajas, las dos anteriores fueron las acciones para que no se inicie la IX marcha firmando acuerdos con algunas regionales y los actos realizados en la localidad de San Ignacio de Moxos para que los originarios no pasen hacia la ciudad de La Paz”, enfatizó.
Sin embargo, el analista cree que todas estas dificultades fortalece la moral de la columna de la IX marcha, que pretende llegar hasta La Paz para exigir la anulación de la Ley 222 que ordena la consulta en las comunidades del TIPNIS.
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jueves, 24 de mayo de 2012
miércoles, 23 de mayo de 2012
La IX marcha indígena en defensa del TIPNIS sale de San Borja rumbo a Chaparina
La IX marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) salió a las 06.00 horas de este miércoles desde San Borja del Beni para retomar su caminata con dirección a Chaparina, donde esperarán a una comisión del gobierno para iniciar el diálogo y tratar la Plataforma de Demandas de nueve puntos.
La información la brindó el corresponsal de Erbol, quien indicó que los marchistas deben cumplir hoy un recorrido de más de 25 kilómetros para llegar a la Embocada.
“La marcha indígena salió hace instantes desde San Borja para poder trasladarse a la Embocada, donde hoy van a descansar. Son más de 25 kilómetros los que deben recorrer durante todo el día”, narró el periodista.
De acuerdo con el reporte los líderes de la movilización decidieron continuar la caminata, que tiene el objetivo de llegar a la ciudad de La Paz para pedir la anulación de la Ley 222 de “post consulta” sobre la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en el Parque, este jueves para llegar el viernes 25 a Chaparina.
“Van a continuar mañana (este jueves) para estar el viernes en Chaparina, donde esperarán al presidente Evo Morales”, indicó.
Sin embargo, desde el gobierno dieron a conocer que el Primer Mandatario no acudirá al diálogo y por el contrario será una comisión el que se trasladará hasta Chaparina para reunirse con los indígenas.
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La información la brindó el corresponsal de Erbol, quien indicó que los marchistas deben cumplir hoy un recorrido de más de 25 kilómetros para llegar a la Embocada.
“La marcha indígena salió hace instantes desde San Borja para poder trasladarse a la Embocada, donde hoy van a descansar. Son más de 25 kilómetros los que deben recorrer durante todo el día”, narró el periodista.
De acuerdo con el reporte los líderes de la movilización decidieron continuar la caminata, que tiene el objetivo de llegar a la ciudad de La Paz para pedir la anulación de la Ley 222 de “post consulta” sobre la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en el Parque, este jueves para llegar el viernes 25 a Chaparina.
“Van a continuar mañana (este jueves) para estar el viernes en Chaparina, donde esperarán al presidente Evo Morales”, indicó.
Sin embargo, desde el gobierno dieron a conocer que el Primer Mandatario no acudirá al diálogo y por el contrario será una comisión el que se trasladará hasta Chaparina para reunirse con los indígenas.
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San Borja, Bolivia
El Defensor del Pueblo encubre los atentados de Quintana contra Sol de Pando
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), denunció la mañana de este jueves en que se celebra el Día Mundial de la Prensa, una creciente cultura de agresión contra los periodistas y una tendencia a coartar la libertad de expresión de manera impune, según declaró el Director Ejecutivo de esta organización, Juan León Cornejo.
Juan León se refirió al informe de la ANP “Estado de la Libertad de Expresión 2011”, donde se detallan varios atentados contra la libertad de prensa infringidos por un sector autoritario del gobierno que preside Evo Morales, y que permanecen sin su debido esclarecimiento ni justas sanciones contra los agresores, como es el caso de la incautación de una de sus ediciones y sucesivos atentados perpetrados contra la autonomía informativa y libertad de trabajo del periódico amazónico Sol de Pando.
“En julio pasado” —señala el Informe de la ANP— “el Director del periódico Sol de Pando, Wilson García Mérida, acusó al gobernador del departamento de Pando, Luis Flores Roberts, de haber instruido el secuestro de dos mil ejemplares del número 22 de la publicación para evitar la difusión de una noticia en la que se mencionaban irregularidades en la gestión de la autoridad. La denuncia no mereció atención del Gobierno ni del Defensor del Pueblo, según García Mérida, y el caso pasó al olvido”.
En efecto, Sol de Pando ha comprobado fehacientemente una actitud abiertamente encubridora de los atentados perpetrados contra este medio, por parte del Defensor del Pueblo Rolando Villena. Según el Director de este medio, Wilson García Mérida, dicha autoridad defensorial “carece de la autonomía institucional necesaria para ejercer con transparencia y eficacia las atribuciones que le confiere la Constitución, pues hemos notado que Rolando Villena está sometido a una dependencia vergonzosa del poder político central, y nada menos que de personajes como el actual ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana". Luego el periodista aclara: "No hallo otra explicación al maltrato que el Defensor del Pueblo nos ha dispensado en nuestra condición de ciudadanos y trabajadores de la prensa agredidos por el poder ejercido con abuso e intolerancia”.
¿Qué defiende el Defensor?
García Mérida responsabiliza a Quintana por los atentados sistemáticos contra la libre circulación de Sol de Pando, y presume que el Defensor del Pueblo actúa encubriendo esos atentados “que no solo se limitaron a la incautación y quema de nuestra edición número 22 el 11 de julio ejecutadas por personal dependiente del gobernador Flores Roberts, sino también abarcan las campañas difamatorias y discriminatorias de Quintana en abuso de sus funciones estatales y tráfico de influencias para causarle daño económico al periódico, las acciones de amedrentamiento contra nuestras canillitas para evitar la venta de ejemplares en las calles de Cobija y las presiones para destruir nuestros planteles de prensa con amenazas, prebendas y chantajes”, afirma García Mérida.
“Nos indigna la irracionalidad e insensibilidad espantosa con que los famosos 'operadores' de Quintana, bajo la indiferencia cómplice del Defensor del Pueblo, han destruido una fuente laboral que habíamos creado para la gente humilde de Cobija, pues el cien por ciento de los ingresos por la venta del periódico era para los canillitas, nada para nosotros”, lamenta el periodista cochabambino.
La Gerencia y Dirección de Sol de Pando dirigieron una primera carta de queja a Rolando Villena el 28 de julio del 2011, a pocos días de la incautación dirigida por Luis Flores, denunciando además las presiones ejercitadas contra nuestra entonces jefa de canillitas Virginia Guachalla, cuyo grupo familiar y vecinal fue obligado a dejar de vocear el periódico con la amenaza de ser excluidos del programa “Empleo Digno”, además de las amenazas de agresión física y vendettas judiciales vertidas contra el plantel de prensa del periódico. Aquella queja nunca mereció respuesta por parte de Villena.
Posteriormente, el 7 de diciembre del mismo año, Wilson García Mérida reiteró la queja ante dicho Defensor del Pueblo, reclamando por la falta de atención a la nota del 28 de julio. Según reveló el Director de Sol de Pando, su preocupación respecto a una virtual actitud prevaricadora de Villena surgió al constatar que en el informe defensorial sobre el intento de masacre contra los marchistas indígenas el 25 de septiembre en Chaparina (Yucumo), habría intervenido uno de los operadores políticos de Juan Ramón Quintana, hoy estrecho colaborador de Villena: el abogado Jaime Quiroga Carvajal. “No tengo evidencia plena sobre del grado de intervención funcionaria del señor Jaime Quiroga en el informe defensorial sobre los hechos del 25 de septiembre en Chaparina; pero me llama la atención que ese informe es inconsistente y adolece de muchos cabos sueltos precisamente en varios aspectos en los que se notaba la mano dura del entonces director de ‘Ademaf’ como principal encargado encubierto de los aparatos de inteligencia y de seguridad del Estado, aspectos que el informe de Villena dejó en la nebulosa”, sostiene García Mérida.
Un operador de Quintana detrás de Villena
A partir de dicho antecedente —y considerando que a raíz del escándalo de un soborno pagado por agentes de Inteligencia a un involucrado en el caso Rozsa, Jaime Quiroga ya había sido denunciado por El Deber de Santa Cruz, el 20 de enero del 2011, como un “infiltrado de Quintana” en el Defensor del Pueblo—, el Director de Sol de Pando solicitó a Rolando Villena separe a este funcionario en el tratamiento de las denuncias sobre los recurrentes atentados perpetrados contra este periódico precisamente por Quintana y sus dependientes estatales.
En esa segunda carta dirigida a Villena el 7 de diciembre del 2011, la Gerencia y Dirección de Sol de Pando le expresan lo siguiente:
“Asimismo molestamos su atención para solicitar a su digna autoridad, muy encarecidamente, tenga a bien apartar al señor Jaime Quiroga Carvajal —funcionario bajo vuestra dependencia— de cualquier conocimiento de nuestra reiterada queja ante el Defensor del Pueblo, pues en caso de ser así se estaría incurriendo en conflicto de intereses, entre otras anomalías, debido a antecedentes y nexos del señor Quiroga que son de pleno conocimiento suyo”.
Hasta la fecha, Villena no se ha dignado en responder ninguna de las dos quejas formalmente presentadas por Sol de Pando el 28 de julio y 7 de diciembre; y tampoco los directivos de este periódico, en su condición de damnificados, han sido convocados para aportar en las investigaciones ni menos notificados con los resultados (inexistentes) de la investigación que era deber constitucional del Defensor del Pueblo llevar adelante respecto a las agresiones y discriminaciones que este medio periodístico se ve obligado a resistir estoicamente y sin claudicar en aras de la transparencia de la gestión pública.
“La forma displicente y prevaricadora con que el Defensor del Pueblo tomó nuestras denuncias permitió se imponga la impunidad en los atentados contra Sol de Pando, que no son atentados contra las personas que dirigimos y editamos este periódico, son atentados contra el prestigio democrático del gobierno de Evo Morales, contra la autonomía de la información que debe regir en una auténtica democracia popular”, concluyó García Mérida.
/soldepando.blogspot.com/
Juan León se refirió al informe de la ANP “Estado de la Libertad de Expresión 2011”, donde se detallan varios atentados contra la libertad de prensa infringidos por un sector autoritario del gobierno que preside Evo Morales, y que permanecen sin su debido esclarecimiento ni justas sanciones contra los agresores, como es el caso de la incautación de una de sus ediciones y sucesivos atentados perpetrados contra la autonomía informativa y libertad de trabajo del periódico amazónico Sol de Pando.
“En julio pasado” —señala el Informe de la ANP— “el Director del periódico Sol de Pando, Wilson García Mérida, acusó al gobernador del departamento de Pando, Luis Flores Roberts, de haber instruido el secuestro de dos mil ejemplares del número 22 de la publicación para evitar la difusión de una noticia en la que se mencionaban irregularidades en la gestión de la autoridad. La denuncia no mereció atención del Gobierno ni del Defensor del Pueblo, según García Mérida, y el caso pasó al olvido”.
En efecto, Sol de Pando ha comprobado fehacientemente una actitud abiertamente encubridora de los atentados perpetrados contra este medio, por parte del Defensor del Pueblo Rolando Villena. Según el Director de este medio, Wilson García Mérida, dicha autoridad defensorial “carece de la autonomía institucional necesaria para ejercer con transparencia y eficacia las atribuciones que le confiere la Constitución, pues hemos notado que Rolando Villena está sometido a una dependencia vergonzosa del poder político central, y nada menos que de personajes como el actual ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana". Luego el periodista aclara: "No hallo otra explicación al maltrato que el Defensor del Pueblo nos ha dispensado en nuestra condición de ciudadanos y trabajadores de la prensa agredidos por el poder ejercido con abuso e intolerancia”.
¿Qué defiende el Defensor?
García Mérida responsabiliza a Quintana por los atentados sistemáticos contra la libre circulación de Sol de Pando, y presume que el Defensor del Pueblo actúa encubriendo esos atentados “que no solo se limitaron a la incautación y quema de nuestra edición número 22 el 11 de julio ejecutadas por personal dependiente del gobernador Flores Roberts, sino también abarcan las campañas difamatorias y discriminatorias de Quintana en abuso de sus funciones estatales y tráfico de influencias para causarle daño económico al periódico, las acciones de amedrentamiento contra nuestras canillitas para evitar la venta de ejemplares en las calles de Cobija y las presiones para destruir nuestros planteles de prensa con amenazas, prebendas y chantajes”, afirma García Mérida.
“Nos indigna la irracionalidad e insensibilidad espantosa con que los famosos 'operadores' de Quintana, bajo la indiferencia cómplice del Defensor del Pueblo, han destruido una fuente laboral que habíamos creado para la gente humilde de Cobija, pues el cien por ciento de los ingresos por la venta del periódico era para los canillitas, nada para nosotros”, lamenta el periodista cochabambino.
La Gerencia y Dirección de Sol de Pando dirigieron una primera carta de queja a Rolando Villena el 28 de julio del 2011, a pocos días de la incautación dirigida por Luis Flores, denunciando además las presiones ejercitadas contra nuestra entonces jefa de canillitas Virginia Guachalla, cuyo grupo familiar y vecinal fue obligado a dejar de vocear el periódico con la amenaza de ser excluidos del programa “Empleo Digno”, además de las amenazas de agresión física y vendettas judiciales vertidas contra el plantel de prensa del periódico. Aquella queja nunca mereció respuesta por parte de Villena.
Posteriormente, el 7 de diciembre del mismo año, Wilson García Mérida reiteró la queja ante dicho Defensor del Pueblo, reclamando por la falta de atención a la nota del 28 de julio. Según reveló el Director de Sol de Pando, su preocupación respecto a una virtual actitud prevaricadora de Villena surgió al constatar que en el informe defensorial sobre el intento de masacre contra los marchistas indígenas el 25 de septiembre en Chaparina (Yucumo), habría intervenido uno de los operadores políticos de Juan Ramón Quintana, hoy estrecho colaborador de Villena: el abogado Jaime Quiroga Carvajal. “No tengo evidencia plena sobre del grado de intervención funcionaria del señor Jaime Quiroga en el informe defensorial sobre los hechos del 25 de septiembre en Chaparina; pero me llama la atención que ese informe es inconsistente y adolece de muchos cabos sueltos precisamente en varios aspectos en los que se notaba la mano dura del entonces director de ‘Ademaf’ como principal encargado encubierto de los aparatos de inteligencia y de seguridad del Estado, aspectos que el informe de Villena dejó en la nebulosa”, sostiene García Mérida.
Un operador de Quintana detrás de Villena
A partir de dicho antecedente —y considerando que a raíz del escándalo de un soborno pagado por agentes de Inteligencia a un involucrado en el caso Rozsa, Jaime Quiroga ya había sido denunciado por El Deber de Santa Cruz, el 20 de enero del 2011, como un “infiltrado de Quintana” en el Defensor del Pueblo—, el Director de Sol de Pando solicitó a Rolando Villena separe a este funcionario en el tratamiento de las denuncias sobre los recurrentes atentados perpetrados contra este periódico precisamente por Quintana y sus dependientes estatales.
En esa segunda carta dirigida a Villena el 7 de diciembre del 2011, la Gerencia y Dirección de Sol de Pando le expresan lo siguiente:
“Asimismo molestamos su atención para solicitar a su digna autoridad, muy encarecidamente, tenga a bien apartar al señor Jaime Quiroga Carvajal —funcionario bajo vuestra dependencia— de cualquier conocimiento de nuestra reiterada queja ante el Defensor del Pueblo, pues en caso de ser así se estaría incurriendo en conflicto de intereses, entre otras anomalías, debido a antecedentes y nexos del señor Quiroga que son de pleno conocimiento suyo”.
Hasta la fecha, Villena no se ha dignado en responder ninguna de las dos quejas formalmente presentadas por Sol de Pando el 28 de julio y 7 de diciembre; y tampoco los directivos de este periódico, en su condición de damnificados, han sido convocados para aportar en las investigaciones ni menos notificados con los resultados (inexistentes) de la investigación que era deber constitucional del Defensor del Pueblo llevar adelante respecto a las agresiones y discriminaciones que este medio periodístico se ve obligado a resistir estoicamente y sin claudicar en aras de la transparencia de la gestión pública.
“La forma displicente y prevaricadora con que el Defensor del Pueblo tomó nuestras denuncias permitió se imponga la impunidad en los atentados contra Sol de Pando, que no son atentados contra las personas que dirigimos y editamos este periódico, son atentados contra el prestigio democrático del gobierno de Evo Morales, contra la autonomía de la información que debe regir en una auténtica democracia popular”, concluyó García Mérida.
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Cobija, Bolivia
lunes, 21 de mayo de 2012
Nuevo comandante estuvo involucrado en la represión a la marcha indígena en Chaparina
Las imágenes mostradas por los diferentes medios televisivos durante la represión policial a la VIII Marcha Indígena en Chaparina (Beni) en 2011 muestran al ahora comandante general de la Policía, Víctor Maldonado, supuestamente dirigiendo la acción de los uniformados.
El coronel Maldonado, que en ese entonces era director nacional de Inteligencia, fue testigo de los excesos de los policías contra mujeres, niños y personas adultas, que fueron amordazadas, golpeadas y separadas de sus seres queridos con el afán de disuadir la protesta de los defensores del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis).
Wilfredo Chávez, entonces ministro de Gobierno, descartó la participación de Maldonado y suspendió al subcomandante nacional de la Policía, Óscar Muñoz, y al mismo tiempo lo puso a disposición de la justicia ordinaria. “El coronel Maldonado no tenía el mando de la operación, había un jefe policial que era el responsable”, manifestó Chávez el 7 de octubre del año pasado.
El exministro también mencionó que para el Gobierno “está claro” quién estaba en la dirección de las operaciones y de dónde salió la orden de intervenir la marcha. El 25 de mayo se cumplirán ocho meses y hasta ahora nunca se supo quién ordenó la brutal represión.
EL DEBER Digital
Yujo: Dijimos a periodistas que no queremos carretera, sólo será para los cocaleros
El dirigente indígena de Gundonovia del TIPNIS, Modesto Yujo, señaló que los pobladores del lugar declararon a los medios de comunicación que recientemente acudieron a esa población junto al gobierno para la entrega de proyectos y otros, que no quieren que el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos se construya en su territorio, porque sólo beneficiará a los cocaleros.
En el caso de Yujo, uno de los periodistas se le acercó para consultarle sobre su posición en relación a la construcción de la vía en medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) a lo que él respondió que no los beneficiará.
“Me entrevistó uno de esos periodistas, me preguntó por la carretera y yo le dije que la carretera no nos beneficiaba a nosotros, porque estaba muy lejos y los que se iban a beneficiar eran los cocaleros, le dije”, contó Yujo a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Explicó que “unos cuantos” indígenas fueron a “curiosear” al acto de entrega de “regalos”, donde se anunció de la ejecución de proyectos, así como se inauguró un transporte fluvial - que a la fecha no funciona- presidido por el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
“Fuimos unos cuantos solamente para curiosear (…) (los barcos que entregó el gobierno) están aquí no más, anclados en el puerto”, declaró el dirigente indígena.
Se conoció que los medios de comunicación: PAT, ANF, AFKA, Red Uno, Canal 7, Reuters, Gigavisión, CVC (canal 57), ATB, Kausachun Coca, Los Tiempos; dos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Organización No Gubernamental (ONG) Fundación Tierra estuvieron en Gundonovia por invitación del gobierno.
Datos
Por Gundonovia se ingresa al TIPNIS, es una población que cuenta con aproximadamente 100 habitantes y 30 de ellos respaldan la carretera en medio de esa TCO (Tierras Comunitarias de Origen).
En abril de este año el presidente Evo Morales llegó a esa región para la entrega de motores. El corregidor de Gundonovia, Simón Nosa, denunció el que el Primer Mandatario llegó con engaños y para dividir a los indígenas del lugar para que apoyen la Ley 222 de “post consulta” sobre la construcción de la vía en el TIPNIS.
Además, Nosa acusó al gobierno de armar el evento de dotación ya que trajo gente ajena a la población para apoyar la consulta.
En marzo de 2012 Gundonovia fue la sede del XXX encuentro de corregidores del TIPNIS; donde los indígenas decidieron iniciar la IX marcha hacia la ciudad de La Paz en defensa de la zona ecológica.
erbol indigena
En el caso de Yujo, uno de los periodistas se le acercó para consultarle sobre su posición en relación a la construcción de la vía en medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) a lo que él respondió que no los beneficiará.
“Me entrevistó uno de esos periodistas, me preguntó por la carretera y yo le dije que la carretera no nos beneficiaba a nosotros, porque estaba muy lejos y los que se iban a beneficiar eran los cocaleros, le dije”, contó Yujo a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Explicó que “unos cuantos” indígenas fueron a “curiosear” al acto de entrega de “regalos”, donde se anunció de la ejecución de proyectos, así como se inauguró un transporte fluvial - que a la fecha no funciona- presidido por el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
“Fuimos unos cuantos solamente para curiosear (…) (los barcos que entregó el gobierno) están aquí no más, anclados en el puerto”, declaró el dirigente indígena.
Se conoció que los medios de comunicación: PAT, ANF, AFKA, Red Uno, Canal 7, Reuters, Gigavisión, CVC (canal 57), ATB, Kausachun Coca, Los Tiempos; dos dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Organización No Gubernamental (ONG) Fundación Tierra estuvieron en Gundonovia por invitación del gobierno.
Datos
Por Gundonovia se ingresa al TIPNIS, es una población que cuenta con aproximadamente 100 habitantes y 30 de ellos respaldan la carretera en medio de esa TCO (Tierras Comunitarias de Origen).
En abril de este año el presidente Evo Morales llegó a esa región para la entrega de motores. El corregidor de Gundonovia, Simón Nosa, denunció el que el Primer Mandatario llegó con engaños y para dividir a los indígenas del lugar para que apoyen la Ley 222 de “post consulta” sobre la construcción de la vía en el TIPNIS.
Además, Nosa acusó al gobierno de armar el evento de dotación ya que trajo gente ajena a la población para apoyar la consulta.
En marzo de 2012 Gundonovia fue la sede del XXX encuentro de corregidores del TIPNIS; donde los indígenas decidieron iniciar la IX marcha hacia la ciudad de La Paz en defensa de la zona ecológica.
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San Borja recibió con aplausos a los marchistas en defensa del TIPNIS
La población de San Borja recibió con aplausos a los marchistas de la IX Marcha Indígena en defensa del Parque Nacional Isoboro Sécure (TIPNIS).
jueves, 17 de mayo de 2012
IX marcha reanuda su paso a La Paz, avanza 25 km y llega a Dos Islas
Los marchistas de la IX marcha en defensa del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), reiniciaron su recorrido hoy pese a todas las adversidades que tuvieron que atravesar en días pasados, dejando la comunidad de Totaisal muy temprano para dirigirse a San Borja donde la población los aguarda con expectativa, informó hoy al periódico Opinión el técnico y dirigente de la confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) Lázaro Tacó.
Los marchistas partieron hoy avanzando aproximadamente de 25 kilómetros, para llegar a descansar a la comunidad llamada Dos Islas, para retomar mañana el camino hasta San Borja, distante a otros 25 kilómetros desde el punto en el que se encuentran.
Sobre la situación de las personas que se encontraban enfermas, Tacó dijo que "ya se encuentran mejor, además todos están más descansados, ya con más fuerza para poder continuar, además en San Borja nos espera un buen recibimiento ya que nos han brindado su ayuda todo este tiempo que nos encontramos en Totaisal, la gente de San Borja esta respondiendo bien y están demostrando su apoyo a la marcha".
Respecto a la a ayuda que se espera del departamento de Santa Cruz informó que no ha llegado aún por el estado del camino debido a las constantes precipitaciones.
Tacó añadió además que pese a todas las dificultades se ha demostrado que nada va a detener la marcha hasta llegar a La Paz para pedir la abrogación de la Ley 222 de consulta previa, que pondría en riesgo, el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure, (Tipnis) y se espera que otros más se sumen durante el recorrido.
/opinion.com.bo
Los marchistas partieron hoy avanzando aproximadamente de 25 kilómetros, para llegar a descansar a la comunidad llamada Dos Islas, para retomar mañana el camino hasta San Borja, distante a otros 25 kilómetros desde el punto en el que se encuentran.
Sobre la situación de las personas que se encontraban enfermas, Tacó dijo que "ya se encuentran mejor, además todos están más descansados, ya con más fuerza para poder continuar, además en San Borja nos espera un buen recibimiento ya que nos han brindado su ayuda todo este tiempo que nos encontramos en Totaisal, la gente de San Borja esta respondiendo bien y están demostrando su apoyo a la marcha".
Respecto a la a ayuda que se espera del departamento de Santa Cruz informó que no ha llegado aún por el estado del camino debido a las constantes precipitaciones.
Tacó añadió además que pese a todas las dificultades se ha demostrado que nada va a detener la marcha hasta llegar a La Paz para pedir la abrogación de la Ley 222 de consulta previa, que pondría en riesgo, el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure, (Tipnis) y se espera que otros más se sumen durante el recorrido.
/opinion.com.bo
Reunión Cepes, convocan a las 13 regionales
Reunión Cepes, convocan a las 13 regionale, descartan tomar CIDOB
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CIDOB,
IX marcha indígena
Ubicación:
Santa Cruz, Bolivia
Marchistas enfermos son evacuados a San Borja, la mayoría son niños
La novena marcha indígena afronta una emergencia de salud, según afirmó el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez. Alrededor de 20 personas, de los cuales la mayoría son niños, fueron evacuados a los centros de salud de San Borja.
Las lluvias de los otros días y las bajas temperaturas provocaron esta situación. Los marchistas tienen resfríos fuertes y otros males derivados de esas infecciones. La columna indígena se encuentra retenida desde el lunes en la comunidad Totaizal, distante a 65 kilómetros de San Borja.
Sólo una médica y una enfermera, dependientes de la Cidob, atienden a los marchistas. Ambas especialistas solicitaron en reiteradas oportunidades la donación de insumos médicos para tratar a los movilizados. La gente requiere medicamentos contra las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), dolores musculares y antialérgicos.
Chávez comentó que, además, la líder indígena Laida Humadai, de la Comisión de Logística de la marcha, fue trasladada a un nosocomio de Trinidad, con un diagnóstico de peritonitis.
Sobre otro tema, el líder de la Cidob comentó que la marcha retomará la carretera mañana. “Caminaremos 20 kilómetros hasta un lugar llamado Dos Islas. Una avanzada irá allí, esta tarde, para armar carpas de refugio para los marchistas”. Como la lluvia ha cesado, los indígenas esperan que la carretera seque para continuar su recorrido hacia la ciudad de La Paz. (Fundación TIERRA)
erbol
Las lluvias de los otros días y las bajas temperaturas provocaron esta situación. Los marchistas tienen resfríos fuertes y otros males derivados de esas infecciones. La columna indígena se encuentra retenida desde el lunes en la comunidad Totaizal, distante a 65 kilómetros de San Borja.
Sólo una médica y una enfermera, dependientes de la Cidob, atienden a los marchistas. Ambas especialistas solicitaron en reiteradas oportunidades la donación de insumos médicos para tratar a los movilizados. La gente requiere medicamentos contra las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), dolores musculares y antialérgicos.
Chávez comentó que, además, la líder indígena Laida Humadai, de la Comisión de Logística de la marcha, fue trasladada a un nosocomio de Trinidad, con un diagnóstico de peritonitis.
Sobre otro tema, el líder de la Cidob comentó que la marcha retomará la carretera mañana. “Caminaremos 20 kilómetros hasta un lugar llamado Dos Islas. Una avanzada irá allí, esta tarde, para armar carpas de refugio para los marchistas”. Como la lluvia ha cesado, los indígenas esperan que la carretera seque para continuar su recorrido hacia la ciudad de La Paz. (Fundación TIERRA)
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El MSM desafía al MAS a un referéndum revocatorio de diputados en La Paz
La bancada de diputados del MAS acusó a la legisladora del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo de “transfugio político” y decidió enviarla a la Comisión de Ética para arrebatarle el curul. Los diputados del MSM desafiaron a los masistas a medir fuerzas en un referéndum revocatorio de diputados uninominales.
La bancada oficialista en la Cámara de Diputados aprobó la remisión del presunto caso de transfugio de la diputada Revollo a la Comisión de Ética para que esa instancia decida si procede o no la recuperación del curul que supuestamente pertenece al MAS.
Según el oficialismo, la legisladora llegó al Congreso como representante de la Circunscripción número 10 de La Paz, en alianza con el MAS en las elecciones generales de 2009, pero ahora “la diputada Revollo está haciendo su otra bancada del MSM y no corresponde de acuerdo al Reglamento y la Ley de Partidos Políticos”, aseguró el jefe de bancada del MAS Roberto Rojas.
Rojas explicó que el MAS y el MSM conformaron una alianza política en las pasadas elecciones generales, según la cual se entregaron tres curules en la Cámara de Diputados a los legisladores del MSM Marcela Revollo, Fabián Yaksic y Javier Zavaleta.
Tras la ruptura de la alianza por iniciativa del Presidente Evo Morales, el MAS exige al MSM que devuelva el curul ocupado por Revollo, alegando que la diputada asumió la jefatura de la bancada del MSM, y por tanto conformó una “bancada paralela”. Rojas anunció que su partido presentará “las pruebas de transfugio político… porque eso se ha determinado en una reunión orgánica”.
La diputada Revollo recordó que el MSM firmó un acuerdo electoral con el MAS en el que se establece claramente que ambos partidos no pierden su identidad política en caso de una ruptura de la alianza, lo que ocurrió después de las elecciones de 2009. “El rompimiento significó que cada partido recupere su libertad dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, recalcó el diputado Yaksic.
Luego de que el jefe de la bancada del MAS amenazó con arrebatarles los curules, Revollo y Yaksic desafiaron este martes al oficialismo a un referéndum revocatorio de diputados uninominales de La Paz. “Si consideran que los curules les pertenecen, que se llame a un referéndum revocatorio para saber a quién pertenece la representación de las circunscripciones 8, 9, 10, 11 y 12 de La Paz; a ver si se animan todos los diputados del Movimiento al Socialismo”, retaron los sin miedo.
Según Yaksic esa es “la única manera democrática para pretender sacarnos de nuestros curules, porque nosotros hemos sido electos por la ciudadanía”. “Esta nada más es una arremetida, una más en contra del MSM que no nos preocupa”, aseguró el legislador opositor, antes de señalar que su partido emerge como una alternativa vigorosa desde la izquierda y eso estaría incomodando al MAS.
“Creo que el MAS ha entrado en una suerte de esquizofrenia gubernamental frente a lo que está sucediendo con las encuestas que van ratificando que alrededor del 70% está en contra del gobierno y que más del 60% no apoyarían una posible reelección del Presidente Morales”, comentó el asambleísta del MSM, refiriéndose a una reciente encuesta de la cadena radial Fides.
La encuesta realizada por Servicios Estadísticos del grupo Fides revela que Juan Del Granadose perfila como candidato presidencial alternativo a Evo Morales en los comicios de 2014.Se preguntó a los paceños: ¿A quién elegiría para candidato a presidente?: Juan Del Granado, Samuel Doria Medina, Evo Morales, Luis Revilla, Carlos Mesa, Álvaro García Linera, Rubén Costas, Felix Patzi y un militar.
El 27,10% de los consultados dijo que ninguno le convence; luego aparece el nombre de Juan Del Granado con el 16,6%,a continuación aparece Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (14,50%); sigue la opción no sabe o no responde con 13,80% y después Evo Morales del MAS con 12,8%. Los siguientes nombres de la lista de opciones obtuvieron porcentajes de entre 0,5% y 3,7%.
Espionaje gubernamental
Los parlamentarios del MAS anunciaron su intención de arrebatar el curul a la diputada Revollo luego de que el ministro de Gobierno Carlos Romero denunció que la legisladora del MSM financia la IX marcha indígena. El martes de la semana pasada, el Ministerio de Gobierno difundió una grabación en la que se escucha a Revollo, esposa del líder del MSM Juan del Granado, coordinando acciones para financiar la movilización indígena.
“En esta conversación reveladora, la diputada Revollo se comunica con Yosin Fabricano, sobrino de Marcial Fabricano, ex viceministro de Gonzalo Sanchez de Lozada, para definir el financiamiento económico la marcha”, destaca un comunicado enviado por la oficina de prensa del despacho de Carlos Romero.
En la grabación difundida por el gobierno, la diputada Revollo solicita a su interlocutor que le mande “el nombre, apellido y carnet de identidad para que yo pueda depositarle en una agencia de banco (…) no importa si no tiene cuenta (…) y me dicen más o menos cuanto necesitan, no sé, algo que nos permita mantener unos días y luego les volvemos a enviar (…)”.
Días después, el ministro Romero dijo que había iniciado una acción legal contra Revollo por el delito de sedición. “La diputada ha admitido que ella evidentemente ha tenido relación (con la marcha y) está conspirando contra nuestro país”, justificó el diputado Rojas.
Al día siguiente, Revollo dijo que el ministro Romero confesó haber introducido en su oficina grabadoras y otros artefactos para violar sus derechos constitucionales, y anunció que presentaría una querella penal contra la autoridad de Estado por el delito de espionaje.
La diputada del MSM dejó establecido que no fue víctima de un simple “pinchazo” telefónico –intercepción de llamadas-, sino de la introducción de agentes o artefactos que violaron la privacidad de su oficina parlamentaria ubicada en la plaza España de la ciudad de La Paz.
“El domicilio, la residencia o la habitación de las asambleístas y los asambleístas serán inviolables, y no podrán ser allanados en ninguna circunstancia. Esta previsión se aplicará a los vehículos de su uso particular u oficial y las oficinas de uso legislativo”, dijo Revollo en conferencia de prensa, leyendo el parágrafo II del artículo 151 de la Constitución.
Revollo reconoció que apoya a los indígenas vendiendo tarjetas postales. “Lo que (Romero) califica de financiamiento es la actividad de un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que a nivel nacional estamos vendiendo unas tarjetas a 5 bolivianos… Esto está sirviendo para llevar agua, pañales, medicamentos a la marcha en una actividad absolutamente ciudadana”, precisó.
“Ratifico mi apoyo y mi solidaridad a la IX marcha; y mi compromiso con la demanda de justicia, territorio y dignidad de los pueblos indígenas de tierras bajas. Así como apoyé anteriores marchas, así como estuve en la marcha por la vida hace 25 años, con la misma fuerza y convicción me solidarizo con la novena marcha de tierras bajas”, declaró Revollo.
El líder del MSM Juan Del Granado condenó la actitud “cínica y canallesca” del gobierno, que inicia una querella por sedición contra la diputada de su partido, perono acepta que el ministro Romero violó los derechos constitucionales y la privacidad de la asambleísta.
“Los autores de los delitos, de la violación a la Constitución y del derecho a la privacidad han iniciado acciones penales y, por tanto, están pasando de la actitud dictatorial fascistoide a la actitud cínica y canallesca de querer sentar en el banquillo de los acusados a la víctima”, deploró Del Granado.
Según el jefe del MSM, “el gobierno ha incurrido en delitos con actitudes ya no sólo autoritarias, sino típicamente fascistoides, propias de las dictaduras, introduciendo micrófonos y grabadoras a las oficinas privadas de una representante nacional del MSM”.
“De la improvisación, el autoritarismo y la demagogia estamos pasando claramente a la comisión de graves delitos contra la Constitución y las leyes”. Según el líder del MSM, Romero habría violado de manera flagrante el artículo 151 de la Constitución y los artículos 340 y 341 del Código de Procedimiento Penal que prohíben grabar conversaciones y mucho menos difundirlas.
“Los ministros de Gobierno y de Comunicación (Amanda Dávila) ratificaron su conducta delictiva y es por eso que la diputada Revollo ha formalizado ante el Ministerio Público una querella penal para que se investigue todas las connotaciones de este acto de espionaje político”, dijo Del Granado.
El líder político opositor consideró que el Ministro de Gobierno está obligado a explicar ante el Ministerio Público cómo obtuvo la grabación, por qué lo hizo, a través de quién y a cambio de qué, puesto que están en juego las garantías constitucionales, que fueron violadas como en épocas dictatoriales.
bolpress
La bancada oficialista en la Cámara de Diputados aprobó la remisión del presunto caso de transfugio de la diputada Revollo a la Comisión de Ética para que esa instancia decida si procede o no la recuperación del curul que supuestamente pertenece al MAS.
Según el oficialismo, la legisladora llegó al Congreso como representante de la Circunscripción número 10 de La Paz, en alianza con el MAS en las elecciones generales de 2009, pero ahora “la diputada Revollo está haciendo su otra bancada del MSM y no corresponde de acuerdo al Reglamento y la Ley de Partidos Políticos”, aseguró el jefe de bancada del MAS Roberto Rojas.
Rojas explicó que el MAS y el MSM conformaron una alianza política en las pasadas elecciones generales, según la cual se entregaron tres curules en la Cámara de Diputados a los legisladores del MSM Marcela Revollo, Fabián Yaksic y Javier Zavaleta.
Tras la ruptura de la alianza por iniciativa del Presidente Evo Morales, el MAS exige al MSM que devuelva el curul ocupado por Revollo, alegando que la diputada asumió la jefatura de la bancada del MSM, y por tanto conformó una “bancada paralela”. Rojas anunció que su partido presentará “las pruebas de transfugio político… porque eso se ha determinado en una reunión orgánica”.
La diputada Revollo recordó que el MSM firmó un acuerdo electoral con el MAS en el que se establece claramente que ambos partidos no pierden su identidad política en caso de una ruptura de la alianza, lo que ocurrió después de las elecciones de 2009. “El rompimiento significó que cada partido recupere su libertad dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, recalcó el diputado Yaksic.
Luego de que el jefe de la bancada del MAS amenazó con arrebatarles los curules, Revollo y Yaksic desafiaron este martes al oficialismo a un referéndum revocatorio de diputados uninominales de La Paz. “Si consideran que los curules les pertenecen, que se llame a un referéndum revocatorio para saber a quién pertenece la representación de las circunscripciones 8, 9, 10, 11 y 12 de La Paz; a ver si se animan todos los diputados del Movimiento al Socialismo”, retaron los sin miedo.
Según Yaksic esa es “la única manera democrática para pretender sacarnos de nuestros curules, porque nosotros hemos sido electos por la ciudadanía”. “Esta nada más es una arremetida, una más en contra del MSM que no nos preocupa”, aseguró el legislador opositor, antes de señalar que su partido emerge como una alternativa vigorosa desde la izquierda y eso estaría incomodando al MAS.
“Creo que el MAS ha entrado en una suerte de esquizofrenia gubernamental frente a lo que está sucediendo con las encuestas que van ratificando que alrededor del 70% está en contra del gobierno y que más del 60% no apoyarían una posible reelección del Presidente Morales”, comentó el asambleísta del MSM, refiriéndose a una reciente encuesta de la cadena radial Fides.
La encuesta realizada por Servicios Estadísticos del grupo Fides revela que Juan Del Granadose perfila como candidato presidencial alternativo a Evo Morales en los comicios de 2014.Se preguntó a los paceños: ¿A quién elegiría para candidato a presidente?: Juan Del Granado, Samuel Doria Medina, Evo Morales, Luis Revilla, Carlos Mesa, Álvaro García Linera, Rubén Costas, Felix Patzi y un militar.
El 27,10% de los consultados dijo que ninguno le convence; luego aparece el nombre de Juan Del Granado con el 16,6%,a continuación aparece Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (14,50%); sigue la opción no sabe o no responde con 13,80% y después Evo Morales del MAS con 12,8%. Los siguientes nombres de la lista de opciones obtuvieron porcentajes de entre 0,5% y 3,7%.
Espionaje gubernamental
Los parlamentarios del MAS anunciaron su intención de arrebatar el curul a la diputada Revollo luego de que el ministro de Gobierno Carlos Romero denunció que la legisladora del MSM financia la IX marcha indígena. El martes de la semana pasada, el Ministerio de Gobierno difundió una grabación en la que se escucha a Revollo, esposa del líder del MSM Juan del Granado, coordinando acciones para financiar la movilización indígena.
“En esta conversación reveladora, la diputada Revollo se comunica con Yosin Fabricano, sobrino de Marcial Fabricano, ex viceministro de Gonzalo Sanchez de Lozada, para definir el financiamiento económico la marcha”, destaca un comunicado enviado por la oficina de prensa del despacho de Carlos Romero.
En la grabación difundida por el gobierno, la diputada Revollo solicita a su interlocutor que le mande “el nombre, apellido y carnet de identidad para que yo pueda depositarle en una agencia de banco (…) no importa si no tiene cuenta (…) y me dicen más o menos cuanto necesitan, no sé, algo que nos permita mantener unos días y luego les volvemos a enviar (…)”.
Días después, el ministro Romero dijo que había iniciado una acción legal contra Revollo por el delito de sedición. “La diputada ha admitido que ella evidentemente ha tenido relación (con la marcha y) está conspirando contra nuestro país”, justificó el diputado Rojas.
Al día siguiente, Revollo dijo que el ministro Romero confesó haber introducido en su oficina grabadoras y otros artefactos para violar sus derechos constitucionales, y anunció que presentaría una querella penal contra la autoridad de Estado por el delito de espionaje.
La diputada del MSM dejó establecido que no fue víctima de un simple “pinchazo” telefónico –intercepción de llamadas-, sino de la introducción de agentes o artefactos que violaron la privacidad de su oficina parlamentaria ubicada en la plaza España de la ciudad de La Paz.
“El domicilio, la residencia o la habitación de las asambleístas y los asambleístas serán inviolables, y no podrán ser allanados en ninguna circunstancia. Esta previsión se aplicará a los vehículos de su uso particular u oficial y las oficinas de uso legislativo”, dijo Revollo en conferencia de prensa, leyendo el parágrafo II del artículo 151 de la Constitución.
Revollo reconoció que apoya a los indígenas vendiendo tarjetas postales. “Lo que (Romero) califica de financiamiento es la actividad de un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que a nivel nacional estamos vendiendo unas tarjetas a 5 bolivianos… Esto está sirviendo para llevar agua, pañales, medicamentos a la marcha en una actividad absolutamente ciudadana”, precisó.
“Ratifico mi apoyo y mi solidaridad a la IX marcha; y mi compromiso con la demanda de justicia, territorio y dignidad de los pueblos indígenas de tierras bajas. Así como apoyé anteriores marchas, así como estuve en la marcha por la vida hace 25 años, con la misma fuerza y convicción me solidarizo con la novena marcha de tierras bajas”, declaró Revollo.
El líder del MSM Juan Del Granado condenó la actitud “cínica y canallesca” del gobierno, que inicia una querella por sedición contra la diputada de su partido, perono acepta que el ministro Romero violó los derechos constitucionales y la privacidad de la asambleísta.
“Los autores de los delitos, de la violación a la Constitución y del derecho a la privacidad han iniciado acciones penales y, por tanto, están pasando de la actitud dictatorial fascistoide a la actitud cínica y canallesca de querer sentar en el banquillo de los acusados a la víctima”, deploró Del Granado.
Según el jefe del MSM, “el gobierno ha incurrido en delitos con actitudes ya no sólo autoritarias, sino típicamente fascistoides, propias de las dictaduras, introduciendo micrófonos y grabadoras a las oficinas privadas de una representante nacional del MSM”.
“De la improvisación, el autoritarismo y la demagogia estamos pasando claramente a la comisión de graves delitos contra la Constitución y las leyes”. Según el líder del MSM, Romero habría violado de manera flagrante el artículo 151 de la Constitución y los artículos 340 y 341 del Código de Procedimiento Penal que prohíben grabar conversaciones y mucho menos difundirlas.
“Los ministros de Gobierno y de Comunicación (Amanda Dávila) ratificaron su conducta delictiva y es por eso que la diputada Revollo ha formalizado ante el Ministerio Público una querella penal para que se investigue todas las connotaciones de este acto de espionaje político”, dijo Del Granado.
El líder político opositor consideró que el Ministro de Gobierno está obligado a explicar ante el Ministerio Público cómo obtuvo la grabación, por qué lo hizo, a través de quién y a cambio de qué, puesto que están en juego las garantías constitucionales, que fueron violadas como en épocas dictatoriales.
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martes, 15 de mayo de 2012
La Novena Marcha en Defensa del TIPNIS - Canción para Evo Morales
Kaperusa Huellas ha compuesto esta canción ("Muerte Selva") para reclamarle al presidente Evo Morales por su actuar depredador, mentiroso y traidor contra la Madre Tierra y los derechos de los Pueblos Indígenas. Palabras más precisas no podía haber. VIVA LA NOVENA MARCHA!!! VIVA EL TIPNIS LIBRE Y SIN CARRETERAS CORRUPTAS!!! Con imágenes de la IX Marcha!!!
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Denuncian que Gobierno quiere derrocar a Chávez y formar una CIDOB paralela
El gobierno impulsa la convocatoria de una asamblea entre las regionales de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) que firmaron convenios con el presidente Evo Morales, para derrocar al presidente de la matriz de pueblos de tierras bajas, Adolfo Chávez, con la conformación de un directorio paralelo a esa organización, denunció el diputado Pedro Nuni.
Nuni explicó que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se reunió la noche del lunes en Santa Cruz con representante de la Central de Pueblos Étnico de Santa Cruz (CPESC), Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos (COPNAG) y de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), para impulsar la revocatoria de Chávez y dijo que se teme una toma de las instalaciones de la CIDOB.
“Aparentemente en el achaque de hablar del Fondo Indígena han planificado cómo van a tomar a la CIDOB, cómo van a autoconvocarse para tomar la CIDOB y de tal manera hacer una convocatoria próxima y desconocer a Adolfo Chávez como presidente de la cabeza de la CIDOB”, aseguró el asambleísta a Erbol.
Reunión sobre ejecución de proyectos
El vicepresidente de la CPESC, Airo Tacana, confirmó que se reunieron con el ministro Carlos Romero desde las 23.00 horas del lunes hasta las 01.30 de este martes, pero sólo para tratar el cumplimiento de los acuerdos programáticos que firmaron con el gobierno 11 de las 13 afiliadas de la CIDOB.
“La reunión era para delinear y trabajar en algunos acuerdos que firmamos con el gobierno: proyectos para el pueblo Yurakaré, para la CANOP, son proyectos de fortalecimiento y sobre tierra y territorio”, señaló Tacana a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Según el dirigente el trabajo de coordinación con el gobierno continuará en estos días, ya que se conformaron comisiones para reunirse con distintas instancia del gobierno en pos de atender las demandas que tienen cada una de las regionales.
Asamblea sobre continuidad de Chávez
Airo Tacana informó que las regionales que pactaron con el gobierno resolvieron convocar a una asamblea extraordinaria para este fin de semana en la sede de la CPESC con el fin de tratar la continuidad de Adolfo Chávez como principal representante de la CIDOB.
El indígena aseguró que el gobierno no impulsa la reunión de este domingo y que la misma se llevará adelante con sus propios recursos.
“(El gobierno) no se metió en este problema, sino son las regionales. Las 12 regionales han decidido hacer una reunión extraordinaria para ver las problemáticas que están pasando con la cabeza de la CIDOB, Adolfo Chávez (…) vamos a tratar la continuidad del hermano Chávez y eso lo van a ver las regionales”, manifestó.
Tacana dijo que las organizaciones indígenas responsabilizan a Chávez de la división dirigencial que existe en la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y el COPNAG; donde un grupo de sus afiliadas decidieron destituir a Pedro Vare y Elario Uraesa, respectivamente, por “traicionar al movimiento indígena”.
erbol
Nuni explicó que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se reunió la noche del lunes en Santa Cruz con representante de la Central de Pueblos Étnico de Santa Cruz (CPESC), Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos (COPNAG) y de la Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (CIPOAP), para impulsar la revocatoria de Chávez y dijo que se teme una toma de las instalaciones de la CIDOB.
“Aparentemente en el achaque de hablar del Fondo Indígena han planificado cómo van a tomar a la CIDOB, cómo van a autoconvocarse para tomar la CIDOB y de tal manera hacer una convocatoria próxima y desconocer a Adolfo Chávez como presidente de la cabeza de la CIDOB”, aseguró el asambleísta a Erbol.
Reunión sobre ejecución de proyectos
El vicepresidente de la CPESC, Airo Tacana, confirmó que se reunieron con el ministro Carlos Romero desde las 23.00 horas del lunes hasta las 01.30 de este martes, pero sólo para tratar el cumplimiento de los acuerdos programáticos que firmaron con el gobierno 11 de las 13 afiliadas de la CIDOB.
“La reunión era para delinear y trabajar en algunos acuerdos que firmamos con el gobierno: proyectos para el pueblo Yurakaré, para la CANOP, son proyectos de fortalecimiento y sobre tierra y territorio”, señaló Tacana a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Según el dirigente el trabajo de coordinación con el gobierno continuará en estos días, ya que se conformaron comisiones para reunirse con distintas instancia del gobierno en pos de atender las demandas que tienen cada una de las regionales.
Asamblea sobre continuidad de Chávez
Airo Tacana informó que las regionales que pactaron con el gobierno resolvieron convocar a una asamblea extraordinaria para este fin de semana en la sede de la CPESC con el fin de tratar la continuidad de Adolfo Chávez como principal representante de la CIDOB.
El indígena aseguró que el gobierno no impulsa la reunión de este domingo y que la misma se llevará adelante con sus propios recursos.
“(El gobierno) no se metió en este problema, sino son las regionales. Las 12 regionales han decidido hacer una reunión extraordinaria para ver las problemáticas que están pasando con la cabeza de la CIDOB, Adolfo Chávez (…) vamos a tratar la continuidad del hermano Chávez y eso lo van a ver las regionales”, manifestó.
Tacana dijo que las organizaciones indígenas responsabilizan a Chávez de la división dirigencial que existe en la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y el COPNAG; donde un grupo de sus afiliadas decidieron destituir a Pedro Vare y Elario Uraesa, respectivamente, por “traicionar al movimiento indígena”.
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Santa Cruz, Bolivia
sábado, 12 de mayo de 2012
Oposición en Bolivia condena espionaje del gobierno
La oposición al presidente boliviano, Evo Morales, criticó el espionaje telefónico y las escuchas ilegales que presuntamente practican los equipos de inteligencia del Ministerio de Gobierno en su contra.
La ministra de Comunicación, la periodista Amanda Dávila, justificó mientras tanto la difusión de cintas de audio de políticos de oposición.
“Cuando una persona asume un cargo público, la privacidad solamente se queda en casa”, dijo a raíz de la difusión de una grabación donde la diputada opositora Marcela Revollo, del Movimiento Sin Miedo, se refería al envío de dinero a indígenas que participan en una marcha de defensa de la reserva ecológica del Tipnis.
“La ministra de Comunicación parece haber perdido la razón. ¿Cómo va a justificar el espionaje?”, criticó Samuel Doria Medina, líder de la opositora Unidad Nacional, a través de Twitter. (DPA)
/www.correodelcaroni.com/
La ministra de Comunicación, la periodista Amanda Dávila, justificó mientras tanto la difusión de cintas de audio de políticos de oposición.
“Cuando una persona asume un cargo público, la privacidad solamente se queda en casa”, dijo a raíz de la difusión de una grabación donde la diputada opositora Marcela Revollo, del Movimiento Sin Miedo, se refería al envío de dinero a indígenas que participan en una marcha de defensa de la reserva ecológica del Tipnis.
“La ministra de Comunicación parece haber perdido la razón. ¿Cómo va a justificar el espionaje?”, criticó Samuel Doria Medina, líder de la opositora Unidad Nacional, a través de Twitter. (DPA)
/www.correodelcaroni.com/
Evo Morales no logra resolver los conflictos sociales que lo acosan
Bolivia está atascada tras siete semanas de huelgas y manifestaciones que a menudo terminan con hechos de violencia. Analistas y políticos coinciden en que el Presidente se muestra incapaz de brindar soluciones.
La Fundación Milenio, centro de estudios privado que analiza la crónica conflictividad boliviana, señaló que Evo Morales parece despreocupado por los conflictos porque cree que buena parte de quienes los protagonizan son aliados suyos y confía en que "no quieren derribarlo".
"Pero lo están inmovilizando y le impiden gobernar, además de afectar seriamente a los ciudadanos y dañar sus esfuerzos productivos", opina Milenio, y señala que en marzo registró 80 conflictos y en abril 100.
Al terminar este viernes tres días de huelga general, el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, el minero Juan Carlos Trujillo, advirtió al presidente que si sigue sin dar respuesta a las demandas de los gremios, radicalizarán las protestas la próxima semana.
La huelga de la COB, uno de los mayores apoyos que ha perdido Morales desde que llegó al poder en 2006, tuvo escaso eco en los centros de trabajo, pues sólo fue total en hospitales estatales y universidades, pero fue reforzada por multitudinarias marchas y bloqueos de vías en varias regiones.
Trujillo calificó de éxito las movilizaciones de la COB y dijo que Morales "está en la obligación de responder favorablemente" a sus demandas, como un aumento salarial superior al 8% aprobado por el mandatario y la derogación del decreto que sube la jornada laboral de médicos y sanitarios de seis a ocho horas.
La COB anunció que la próxima semana tendrá una reunión de dirigentes en Oruro y podría decidir una huelga general "indefinida".
Además, el lunes y el martes los conductores y propietarios del transporte público paralizaron totalmente La Paz y la vecina ciudad de El Alto, y en menor medida otras poblaciones, contra una nueva ley de tráfico, y ante la falta de solución también amenazan con reanudar las protestas en los próximos días.
La marcha de indígenas de la Amazonía contra una carretera promovida por Morales y financiada por Brasil, proyectada para atravesar la reserva natural Tipnis, sigue avanzando hacia La Paz pese al hostigamiento del Gobierno y sus partidarios.
Una primera marcha contra esa carretera recorrió casi 600 kilómetros entre agosto y octubre pasados y logró superar las barricadas de fieles a Morales y la represión policial, que le costó el cargo a media docena de ministros, viceministros y mandos policiales.
Los indígenas fueron recibidos en La Paz triunfalmente y obligaron a Morales a dictar una ley que prohíbe cualquier vía en el Tipnis, pero el mandatario luego olvidó su palabra e intenta seguir las obras, que le han costado sus aureolas de ecologista e indigenista.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que los conflictos no tienen posibilidad de generar una crisis de gobernabilidad, en respuesta a los políticos, columnistas y analistas que opinan que ese riesgo es cada día mayor.
"Hay demandas sociales y actores políticos que quieren aprovecharse de esa situación. No diría que es desestabilizador, porque no tienen posibilidades de conducir a una crisis de gobernabilidad y menos a una crisis de Estado", dijo Romero.
La oficina de la ONU en Bolivia manifestó preocupación porque las protestas afectan "los derechos humanos de la población", e instó al Gobierno "a adoptar todas las medidas a su alcance para respetar, proteger y garantizar el disfrute de esos derechos".
"La protesta impulsada durante más de 40 días por los trabajadores del sector salud, sumada a las otras demandas de otros actores sociales, está causando un impacto significativo y preocupante sobre el derecho a la salud y (...) agrava las persistentes fallas estructurales del sistema", dice un comunicado de la oficina de Naciones Unidas.
Añade que el conflicto genera "protestas universitarias de apoyo muy violentas, con uso indiscriminado de dinamita, y ha dado lugar a prácticas por las cuales miembros del sector se auto-infligieron tratamientos físicos (crucifixión, sutura de la boca) equivalentes a malos tratos y torturas violatorias de la dignidad humana".
El populista y nacionalista Morales se limitó hoy a criticar a los dirigentes de la COB porque, dijo, defienden "privilegios". "¿Cómo una organización sindical, revolucionaria, que lleva al 'Che' (Guevara) en su pancarta, puede defender a un grupo de privilegiados?", dijo el gobernante.
Morales vive horas bajas de popularidad, que no frenó ni con la expropiación de una filial de una empresa eléctrica española el pasado 1 de mayo, cuando antes las nacionalizaciones le daban grandes réditos en las encuestas.
Decenas de manifestantes bloquearon este viernes en La Paz el acceso a la Vicepresidencia, tiraron globos de pintura contra su fachada y asediaron el ministerio de Salud, aunque no hubo choques violentos con la Policía, como en días previos.
Hubo también manifestaciones en Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz, y en las dos últimas, además, hubo bloqueos de las carreteras que las rodean, informaron medios de esas zonas.
Las vías que conducen a países vecinos como Brasil y Argentina han sido cerradas varias veces en las últimas semanas, mientras las asociaciones de empresarios se quejan de las multimillonarias pérdidas que les origina la falta de acción del Gobierno.
EFE
La Fundación Milenio, centro de estudios privado que analiza la crónica conflictividad boliviana, señaló que Evo Morales parece despreocupado por los conflictos porque cree que buena parte de quienes los protagonizan son aliados suyos y confía en que "no quieren derribarlo".
"Pero lo están inmovilizando y le impiden gobernar, además de afectar seriamente a los ciudadanos y dañar sus esfuerzos productivos", opina Milenio, y señala que en marzo registró 80 conflictos y en abril 100.
Al terminar este viernes tres días de huelga general, el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, el minero Juan Carlos Trujillo, advirtió al presidente que si sigue sin dar respuesta a las demandas de los gremios, radicalizarán las protestas la próxima semana.
La huelga de la COB, uno de los mayores apoyos que ha perdido Morales desde que llegó al poder en 2006, tuvo escaso eco en los centros de trabajo, pues sólo fue total en hospitales estatales y universidades, pero fue reforzada por multitudinarias marchas y bloqueos de vías en varias regiones.
Trujillo calificó de éxito las movilizaciones de la COB y dijo que Morales "está en la obligación de responder favorablemente" a sus demandas, como un aumento salarial superior al 8% aprobado por el mandatario y la derogación del decreto que sube la jornada laboral de médicos y sanitarios de seis a ocho horas.
La COB anunció que la próxima semana tendrá una reunión de dirigentes en Oruro y podría decidir una huelga general "indefinida".
Además, el lunes y el martes los conductores y propietarios del transporte público paralizaron totalmente La Paz y la vecina ciudad de El Alto, y en menor medida otras poblaciones, contra una nueva ley de tráfico, y ante la falta de solución también amenazan con reanudar las protestas en los próximos días.
La marcha de indígenas de la Amazonía contra una carretera promovida por Morales y financiada por Brasil, proyectada para atravesar la reserva natural Tipnis, sigue avanzando hacia La Paz pese al hostigamiento del Gobierno y sus partidarios.
Una primera marcha contra esa carretera recorrió casi 600 kilómetros entre agosto y octubre pasados y logró superar las barricadas de fieles a Morales y la represión policial, que le costó el cargo a media docena de ministros, viceministros y mandos policiales.
Los indígenas fueron recibidos en La Paz triunfalmente y obligaron a Morales a dictar una ley que prohíbe cualquier vía en el Tipnis, pero el mandatario luego olvidó su palabra e intenta seguir las obras, que le han costado sus aureolas de ecologista e indigenista.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que los conflictos no tienen posibilidad de generar una crisis de gobernabilidad, en respuesta a los políticos, columnistas y analistas que opinan que ese riesgo es cada día mayor.
"Hay demandas sociales y actores políticos que quieren aprovecharse de esa situación. No diría que es desestabilizador, porque no tienen posibilidades de conducir a una crisis de gobernabilidad y menos a una crisis de Estado", dijo Romero.
La oficina de la ONU en Bolivia manifestó preocupación porque las protestas afectan "los derechos humanos de la población", e instó al Gobierno "a adoptar todas las medidas a su alcance para respetar, proteger y garantizar el disfrute de esos derechos".
"La protesta impulsada durante más de 40 días por los trabajadores del sector salud, sumada a las otras demandas de otros actores sociales, está causando un impacto significativo y preocupante sobre el derecho a la salud y (...) agrava las persistentes fallas estructurales del sistema", dice un comunicado de la oficina de Naciones Unidas.
Añade que el conflicto genera "protestas universitarias de apoyo muy violentas, con uso indiscriminado de dinamita, y ha dado lugar a prácticas por las cuales miembros del sector se auto-infligieron tratamientos físicos (crucifixión, sutura de la boca) equivalentes a malos tratos y torturas violatorias de la dignidad humana".
El populista y nacionalista Morales se limitó hoy a criticar a los dirigentes de la COB porque, dijo, defienden "privilegios". "¿Cómo una organización sindical, revolucionaria, que lleva al 'Che' (Guevara) en su pancarta, puede defender a un grupo de privilegiados?", dijo el gobernante.
Morales vive horas bajas de popularidad, que no frenó ni con la expropiación de una filial de una empresa eléctrica española el pasado 1 de mayo, cuando antes las nacionalizaciones le daban grandes réditos en las encuestas.
Decenas de manifestantes bloquearon este viernes en La Paz el acceso a la Vicepresidencia, tiraron globos de pintura contra su fachada y asediaron el ministerio de Salud, aunque no hubo choques violentos con la Policía, como en días previos.
Hubo también manifestaciones en Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz, y en las dos últimas, además, hubo bloqueos de las carreteras que las rodean, informaron medios de esas zonas.
Las vías que conducen a países vecinos como Brasil y Argentina han sido cerradas varias veces en las últimas semanas, mientras las asociaciones de empresarios se quejan de las multimillonarias pérdidas que les origina la falta de acción del Gobierno.
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martes, 8 de mayo de 2012
Indígenas reinician marcha en Bolivia en rechazo a carretera en Amazonia
Indígenas que se oponen a la construcción de una carretera en la Amazonia de Bolivia reiniciaron una marcha hasta la ciudad andina de La Paz, en un recorrido total de 600 km, informó este martes la organización sindical que apoya la protesta.
Los nativos comenzaron su caminata el 27 de abril en la ciudad de Trinidad (noreste) y ya cubrieron un trecho de 90 km, cruzando el poblado de San Ignacio de Moxos, donde los lugareños habían advertido con antelación que no permitirían que avancen, pues apoyan la construcción de la carretera.
Los aborígenes descansaron varios días antes de pasar por San Ignacio ante el riesgo de enfrentamientos, por lo que un contingente de 80 policías se desplazó al lugar para evitar cualquier incidente, según dijo el viceministro de Interior, Jorge Pérez.
Aún no se tiene una fecha estimada de llegada de los manifestantes a La Paz.
"La columna de la marcha logró pasar San Ignacio de Moxos y para evitar una confrontación decidió seguir su curso por la circunvalación de manera silenciosa", una avenida que bordea el poblado, dijo el sindicato Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) en un comunicado.
Los nativos rechazan la construcción de un tramo de la ruta que atraviesa el territorio indígena TIPNIS, en el centro del país, pues arguyen graves daños al medioambiente.
Los indígenas ya hicieron otra marcha similar hace siete meses, cuando impusieron al presidente Evo Morales una ley para detener el proyecto de construcción de la vía, pero el oficialismo organizó semanas después otra caminata de colonos afines para impulsar la carretera.
El gobierno dice que la nueva ruta generará desarrollo regional.
AFP
Los nativos comenzaron su caminata el 27 de abril en la ciudad de Trinidad (noreste) y ya cubrieron un trecho de 90 km, cruzando el poblado de San Ignacio de Moxos, donde los lugareños habían advertido con antelación que no permitirían que avancen, pues apoyan la construcción de la carretera.
Los aborígenes descansaron varios días antes de pasar por San Ignacio ante el riesgo de enfrentamientos, por lo que un contingente de 80 policías se desplazó al lugar para evitar cualquier incidente, según dijo el viceministro de Interior, Jorge Pérez.
Aún no se tiene una fecha estimada de llegada de los manifestantes a La Paz.
"La columna de la marcha logró pasar San Ignacio de Moxos y para evitar una confrontación decidió seguir su curso por la circunvalación de manera silenciosa", una avenida que bordea el poblado, dijo el sindicato Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) en un comunicado.
Los nativos rechazan la construcción de un tramo de la ruta que atraviesa el territorio indígena TIPNIS, en el centro del país, pues arguyen graves daños al medioambiente.
Los indígenas ya hicieron otra marcha similar hace siete meses, cuando impusieron al presidente Evo Morales una ley para detener el proyecto de construcción de la vía, pero el oficialismo organizó semanas después otra caminata de colonos afines para impulsar la carretera.
El gobierno dice que la nueva ruta generará desarrollo regional.
AFP
viernes, 4 de mayo de 2012
CONAMAQ anuncia gran concentración en apoyo a la IX Marcha Indígena
Las organizaciones afiliadas al Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) protagonizarán una masiva concentración en junio para apoyar a la IX marcha en defensa del TIPNIS, informa el Jiliri Apu Mallku de esa organización indígena, Félix Becerra. El encuentro se realizará en Challapata de Oruro.
jueves, 3 de mayo de 2012
Inicio de la IX Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS
Inicio de la IX Marcha Indígena en Defensa del TIPNIS
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