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domingo, 13 de mayo de 2012
sábado, 12 de mayo de 2012
Oposición en Bolivia condena espionaje del gobierno
La ministra de Comunicación, la periodista Amanda Dávila, justificó mientras tanto la difusión de cintas de audio de políticos de oposición.
“Cuando una persona asume un cargo público, la privacidad solamente se queda en casa”, dijo a raíz de la difusión de una grabación donde la diputada opositora Marcela Revollo, del Movimiento Sin Miedo, se refería al envío de dinero a indígenas que participan en una marcha de defensa de la reserva ecológica del Tipnis.
“La ministra de Comunicación parece haber perdido la razón. ¿Cómo va a justificar el espionaje?”, criticó Samuel Doria Medina, líder de la opositora Unidad Nacional, a través de Twitter. (DPA)
/www.correodelcaroni.com/
Evo Morales no logra resolver los conflictos sociales que lo acosan
La Fundación Milenio, centro de estudios privado que analiza la crónica conflictividad boliviana, señaló que Evo Morales parece despreocupado por los conflictos porque cree que buena parte de quienes los protagonizan son aliados suyos y confía en que "no quieren derribarlo".
"Pero lo están inmovilizando y le impiden gobernar, además de afectar seriamente a los ciudadanos y dañar sus esfuerzos productivos", opina Milenio, y señala que en marzo registró 80 conflictos y en abril 100.
Al terminar este viernes tres días de huelga general, el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor entidad sindical del país, el minero Juan Carlos Trujillo, advirtió al presidente que si sigue sin dar respuesta a las demandas de los gremios, radicalizarán las protestas la próxima semana.
La huelga de la COB, uno de los mayores apoyos que ha perdido Morales desde que llegó al poder en 2006, tuvo escaso eco en los centros de trabajo, pues sólo fue total en hospitales estatales y universidades, pero fue reforzada por multitudinarias marchas y bloqueos de vías en varias regiones.
Trujillo calificó de éxito las movilizaciones de la COB y dijo que Morales "está en la obligación de responder favorablemente" a sus demandas, como un aumento salarial superior al 8% aprobado por el mandatario y la derogación del decreto que sube la jornada laboral de médicos y sanitarios de seis a ocho horas.
La COB anunció que la próxima semana tendrá una reunión de dirigentes en Oruro y podría decidir una huelga general "indefinida".
Además, el lunes y el martes los conductores y propietarios del transporte público paralizaron totalmente La Paz y la vecina ciudad de El Alto, y en menor medida otras poblaciones, contra una nueva ley de tráfico, y ante la falta de solución también amenazan con reanudar las protestas en los próximos días.
La marcha de indígenas de la Amazonía contra una carretera promovida por Morales y financiada por Brasil, proyectada para atravesar la reserva natural Tipnis, sigue avanzando hacia La Paz pese al hostigamiento del Gobierno y sus partidarios.
Una primera marcha contra esa carretera recorrió casi 600 kilómetros entre agosto y octubre pasados y logró superar las barricadas de fieles a Morales y la represión policial, que le costó el cargo a media docena de ministros, viceministros y mandos policiales.
Los indígenas fueron recibidos en La Paz triunfalmente y obligaron a Morales a dictar una ley que prohíbe cualquier vía en el Tipnis, pero el mandatario luego olvidó su palabra e intenta seguir las obras, que le han costado sus aureolas de ecologista e indigenista.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que los conflictos no tienen posibilidad de generar una crisis de gobernabilidad, en respuesta a los políticos, columnistas y analistas que opinan que ese riesgo es cada día mayor.
"Hay demandas sociales y actores políticos que quieren aprovecharse de esa situación. No diría que es desestabilizador, porque no tienen posibilidades de conducir a una crisis de gobernabilidad y menos a una crisis de Estado", dijo Romero.
La oficina de la ONU en Bolivia manifestó preocupación porque las protestas afectan "los derechos humanos de la población", e instó al Gobierno "a adoptar todas las medidas a su alcance para respetar, proteger y garantizar el disfrute de esos derechos".
"La protesta impulsada durante más de 40 días por los trabajadores del sector salud, sumada a las otras demandas de otros actores sociales, está causando un impacto significativo y preocupante sobre el derecho a la salud y (...) agrava las persistentes fallas estructurales del sistema", dice un comunicado de la oficina de Naciones Unidas.
Añade que el conflicto genera "protestas universitarias de apoyo muy violentas, con uso indiscriminado de dinamita, y ha dado lugar a prácticas por las cuales miembros del sector se auto-infligieron tratamientos físicos (crucifixión, sutura de la boca) equivalentes a malos tratos y torturas violatorias de la dignidad humana".
El populista y nacionalista Morales se limitó hoy a criticar a los dirigentes de la COB porque, dijo, defienden "privilegios". "¿Cómo una organización sindical, revolucionaria, que lleva al 'Che' (Guevara) en su pancarta, puede defender a un grupo de privilegiados?", dijo el gobernante.
Morales vive horas bajas de popularidad, que no frenó ni con la expropiación de una filial de una empresa eléctrica española el pasado 1 de mayo, cuando antes las nacionalizaciones le daban grandes réditos en las encuestas.
Decenas de manifestantes bloquearon este viernes en La Paz el acceso a la Vicepresidencia, tiraron globos de pintura contra su fachada y asediaron el ministerio de Salud, aunque no hubo choques violentos con la Policía, como en días previos.
Hubo también manifestaciones en Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija y Santa Cruz, y en las dos últimas, además, hubo bloqueos de las carreteras que las rodean, informaron medios de esas zonas.
Las vías que conducen a países vecinos como Brasil y Argentina han sido cerradas varias veces en las últimas semanas, mientras las asociaciones de empresarios se quejan de las multimillonarias pérdidas que les origina la falta de acción del Gobierno.
EFE
martes, 8 de mayo de 2012
COB ratifica paro de 72 horas pidiendo abrogación del D.S. 1126
COB ratifica paro de 72 horas pidiendo abrogación del D.S. 1126
Los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) aseguraron el martes que acatarán de forma disciplinada el paro nacional de 72 horas para exigir un mayor incremento salarial y la anulación del Decreto 1126, según los dirigentes
Bolivia se prepara para la huelga general
La huelga de choferes -que se opone a la vigencia de una ley municipal que reglamenta el transporte y tránsito urbano de La Paz- paralizó este lunes completamente a la ciudad, con episodios esporádicos de choques con usuarios que se desplazaron a pie a sus centros de trabajo.
"El paro es un rotundo éxito. Hemos dicho a nuestros compañeros que el problema es de todos, por eso es contundente", evaluó René Vargas, secretario ejecutivo del sindicato de choferes de La Paz.
Los choferes rechazan que la nueva legislación -aprobada por el municipio- regule las rutas, las paradas y los horarios de servicio, además de obligarles a cumplir las normas de circulación y a llevar puesto el cinturón de seguridad, entre otros requerimientos.
Debido a la contundencia de la protesta, el Gobierno se vio obligado a suspender las clases en centros de estudio y a dictar tolerancia y horario continuo en las actividades laborales públicas y privadas. Los empleados retornaban a sus domicilios al caer la tarde a pie, debido a la drasticidad de la huelga que mantenía incólume el bloqueo de calles con sus propios buses o taxis.
Santa Cruz, Cochabamba y Tarija no fueron al paro en razón a que la ley municipal sólo alcanza a La Paz. Pero en solidaridad, los sindicatos de otras seis ciudades acataron la medida de protesta.
Luego del paro de los choferes, la COB, la mayor central sindical de trabajadores, cumplirá desde el miércoles una huelga de 72 horas en demanda de mejoras salariales y en apoyo a los médicos, que mantienen una huelga de más de un mes en rechazo a la ampliación de su jornada laboral de seis a ocho horas.
"Ante la ola creciente de conflictividad social en Bolivia", la jerarquía de la Iglesia católica hizo en un comunicado público "un vehemente llamado a las autoridades públicas y a los sectores sociales movilizados, a evitar toda confrontación y violencia y a retomar el camino de un diálogo".
Conflictividad social
El país "da imagen de desorden creciente, que ciertamente lo hay, pero no en términos apocalípticos, y la principal razón es porque básicamente hay todavía sectores de extrema pobreza que han sido favorecidos por algunas medidas aunque sea paliativas", explicó el politólogo Gonzalo Rojas, coordinador del postgrado en Ciencias en Desarrollo de la Universidad estatal de La Paz.
A pesar del grado de conflicto, Bolivia "está lejos de un final como el de octubre de 2003 en que el presidente (Gonzalo) Sánchez de Lozada prácticamente tuvo que huir del país", luego de una rebelión popular que se saldó con 60 muertos civiles, precisó Rojas. Sin embargo, "el presidente Morales está malgastando un capital político que es el resultado de la acumulación del proceso democrático boliviano", sostuvo.
Según el sociólogo y filósofo Raúl Prada, docente de la universidad San Andrés de La Paz, "el conflicto en Bolivia es consecuencia de profundas contradicciones inherentes a las paradojas del proceso". Frente a la mirada oficial ante los conflictos, considera que "esta retórica política de la minimización de los problemas ya muestra la desconexión de los gobernantes respecto de la realidad".
El vicepresidente Alvaro García Linera calificó en tanto la decisión de los médicos de continuar con las protestas de "caprichosa, abusiva, criminal y política" y llamó a la población a oponerse a la huelga. "El gobierno convoca al pueblo boliviano, a los trabajadores, a los vecinos, a los comerciantes, oficinistas a defender la salud, a que no siga adelante esta prepotencia, este abuso, los convocamos a movilizarse para defender el sistema de salud público", dijo.
En el caso de los médicos "está metido el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario)", el partido del ex presidente Sánchez de Lozada, que dimitió en 2003 por la presión popular, según denunció. "Diferenciemos lo político de lo social", planteó.
AFP
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